San José.- Tres panameños protestaron hoy frente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que ese tribunal exija a Panamá el cumplimiento de una sentencia dictada en el año 2001 en favor de 270 trabajadores estatales despedidos en 1990.
Entre octubre y noviembre pasados, un grupo de cinco panameños realizó una protesta por más de 30 días frente a la Corte para exigir "justicia" y el cumplimiento de la sentencia que condenó a Panamá al pago de indemnizaciones a 270 trabajadores.
Erick González declaró a Efe que hoy entregaron una carta a la secretaría de la Corte en la que piden que emita una orden para que Panamá cumpla con la sentencia e indemnice a los ex trabajadores que, asegura, están pasando penurias económicas y de salud.
"Estamos pidiendo a la Corte una resolución con extrema urgencia ante la falta de asistencia médica y económica del Estado. Tenemos compañeros pasando penurias", afirmó González, quien dijo que el próximo martes tendrán una reunión con jueces de la Corte.
A González le acompaña Alexis González y Rodolfo Vence, este último ha decidido instalarse frente a la sede de la Corte como medida de protesta y también de "solidaridad" con Rolando Gómez, quien se encuentra en estado delicado en un hospital en Panamá.
"Estamos preocupados por la salud de Rodolfo Vence porque él es diabético", dijo González.
Entre octubre y noviembre pasados, un grupo de cinco panameños, incluidos los tres de hoy, realizó una protesta por más de 30 días frente a la Corte para exigir "justicia" y el cumplimiento de la sentencia que condenó a Panamá al pago de indemnizaciones a 270 trabajadores.
Estos ex funcionarios fueron despedidos en 1990 por el entonces presidente Guillermo Endara, luego de que realizaran una protesta sindical contra la "ley 25" mediante la cual se privatizaron empresas estatales.
La protesta coincidió con un alzamiento policial encabezado por el ex coronel Eduardo Herrera.
Los panameños afirman que desde 1990 los 270 trabajadores despedidos sufren problemas económicos y sociales, además de que les es difícil conseguir empleo porque la mayoría tiene más de 40 años.
La demanda contra Panamá fue presentada en enero de 1994 y fue conocida en la Corte bajo el nombre "Ricardo Baena y otros". La Corte dictó sentencia en 2001.
Las autoridades panameñas se defendieron durante el proceso diciendo que los trabajadores fueron despedidos bajo la acusación de los delitos de sedición y atentar contra la seguridad interna del Estado y el orden constitucional y democrático del país.
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