Caracas.- La diputada uruguaya del Mercosur, Adriana Peña, se mostró hoy preocupada porque "el Gobierno venezolano no ha querido brindar su información" sobre las inhabilitaciones de políticos ratificadas este miércoles por el Tribunal Supremo de Justicia.
La presidenta de la comisión de Derechos Humanos del Mercosur, la parlamentaria uruguaya Adriana Peña (i), y su homóloga de Paraguay, Mirla Palacios, conversan con miembros de la oposición venezolana en Caracas.
"Hasta ahora lo que hemos podido apreciar es muy negativo, por lo que pedimos tener una reunión con el contralor Russián. Con este material, que es parcial, lo que podamos volcar a la Comisión no va a ser positivo", afirmó Peña en rueda de prensa.
"Si no han querido dar su versión, es que algo hay que esconder (...) el que calla, otorga", sentenció la diputada uruguaya.
Peña, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Mercosur, se entrevistó, entre otros, con el líder opositor Leopoldo López, uno de los políticos inhabilitados por presunta corrupción para ser candidato en las elecciones regionales y municipales del próximo noviembre.
Igualmente, rechazó las críticas lanzadas desde el Gobierno venezolano, que la acusaba de "carecer de autorización", afirmando que "el canciller de la república (Nicolás Maduro) ha hablado mucho, ha hablado demasiado, y para hablar hay que presentar pruebas".
Peña, quien está acompañada por la diputada paraguaya Mirtha Palacios, también se entrevistó hoy con representantes de diversos partidos políticos, juristas constitucionalistas y dirigentes del movimiento estudiantil universitario, todos de oposición.
"Venezuela es la que tiene que tomar la decisión de si quiere o no complicar su ingreso en el Mercosur, que se cumpla la reglamentación establecida para evitar que se cometan excesos contra los ciudadanos" concluyó la diputada uruguaya.
Asimismo, reiteró que no visita Venezuela como "presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Mercosur, pero tampoco a título personal, sino para trabajar como diputadas del Mercosur".
"Es cierto que no teníamos autorización, pero la situación era llegar antes del fin del plazo (12 de agosto)" de inscripción de los candidatos a las próximas elecciones regionales y municipales de noviembre.
Las inhabilitaciones fueron decididas por la Contraloría venezolana, que se basó en una ley contra atentados al patrimonio público sancionada por la Asamblea Nacional en 2001.
La diputada Peña tiene previsto mañana viajar a Bolivia como "veedora" del referendo revocatorio, mientras que Palacios, permanecerá en Venezuela hasta el próximo sábado.
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