Bogotá.- La Procuraduría General de Colombia pidió hoy a la Corte Constitucional en Bogotá que apruebe la ley mediante la cual se adoptó en el país el llamado Acuerdo sobre Privilegios e Inmunidades de la Corte Penal Internacional (CPI).
Este acuerdo fue votado de manera afirmativa por el Congreso en 2006, tres años después de su suscripción por el Estado de Colombia, como país parte del Estatuto de Roma, que estableció la CPI.
Este acuerdo fue votado de manera afirmativa por el Congreso en 2006, tres años después de su suscripción por el Estado de Colombia, como país parte del Estatuto de Roma, que estableció la CPI.
En un comunicado divulgado en Bogotá, la procuraduría coincidió con el Gobierno en que, con la aprobación y ratificación del acuerdo mencionado, "se crean unas herramientas que garantizan la labor que debe cumplir la Corte Penal Internacional".
Esas herramientas "permiten avanzar con la tendencia mundial de sumar esfuerzos encaminados a dotar al mundo de una Corte Penal permanente, efectiva e independiente", agregó la misma fuente, que es el órgano de control de los funcionarios públicos.
La procuraduría indicó que con la CPI se garantiza la reparación a las víctimas y se envía un mensaje de valores sociales con respecto de la "obligación estatal de buscar mecanismos para asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo".
En este sentido, destacó que el Acuerdo sobre Privilegios e Inmunidades de la CPI está encaminado a "brindar un marco jurídico que permita la protección de los funcionarios, el personal, las víctimas, los testigos y todas las demás personas, bienes y recursos relacionados con la labor de dicho organismo".
Sin los privilegios e inmunidades de este documento, adoptado en septiembre de 2002 en Nueva York, las investigaciones y enjuiciamientos de la CPI "se verían limitados", advirtió luego.
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