Medidas contra la prostitución forzada: ¿Cuántas mujeres son víctimas?

MADRID.-  Bibiana Aído, ministra de Igualdad, presentó ayer los objetivos del Plan Integral contra la trata con fines sexuales. Propone cuatro puntos principales: sensibilizar a la ciudadanía sobre el problema de la trata, fijar políticas de cooperación con los países empobrecidos de los que proceden las mujeres (planes para combatir el hambre, la miseria, etc.), la colaboración de once ministerios en esta materia y, el plato estrella, "establecer las garantías jurídicas y condiciones suficientes para que las víctimas se sientan seguras y denuncien", tal y como recoge la nota de prensa del Ministerio de Igualdad. Esto se traduce en una ampliación a 30 días del tiempo que les conceden a las víctimas de trata para denunciar a sus explotadores. Durante este periodo no podrán ser expulsadas del país.

(EFE)

Mujeres del colectivo Hetaira en una manifestación contra las campañas de hostigamiento contra las meretrices que captan clientes en la calle.

El Ministerio de Igualdad justifica estas medidas basándose en datos que ofrecen una visión de la prostitución forzada como, sin duda, la mayoritaria. Esta visión es compartida por muchos grupos, entre ellos APRAMP (Asociación para la Reinserción de las Mujeres Prostituidas) que directamente niega la existencia de otro tipo de prostitución.

En el comunicado de prensa se habla, primero, de "nueve de cada diez" mujeres forzadas y víctimas de la trata y, más tarde, de un 80% de prostitutas que son "en mayor y menor medida víctimas de la trata de seres humanos". Los porcentajes bailan, las fuentes escasean. En los medios de comunicación, tanto ABC, como El País indican que las cifras que maneja el ministerio son de un 5% de prostitución voluntaria, pero ¿de dónde salen estos datos? En la última comisión de investigación del Congreso, hablaban de la "necesidad de disponer de una investigación cuantitativa y cualitativa" para aproximarse al conocimiento de una situación compleja, donde reconocían la "gran dispersión de los datos disponibles" y, en definitiva, su escasa fiabilidad. ¿Ha sido realizada dicha investigación y no se ha informado de los resultados? No parece una respuesta convincente por el escaso tiempo transcurrido.

Hemos consultado sobre esta cuestión con profesionales expertas en el tema como Raquel Osborne, profesora de Sociología de la UNED, y Empar Pineda, activista y promotora de la corriente "Otras voces feministas", y ambas niegan la veracidad del dato de 5% de prostitución voluntaria y 95% obligada, considerándolos una "base disparatada" de dónde partir para cualquier medida sobre el tema. En el colectivo AMUNOD, ONG de asistencia a colectivos marginados de Alicante, reconocen no tener cifras pero también consideran que la mayoría de las prostitutas ejercen contra su voluntad y controladas por mafias. Desde el colectivo Hetaira, cuyo discurso siempre ha sido distinto en este punto, recuerdan a su vez que ya El País tuvo en su día que rectificar por la publicación de dichos datos en un Editorial, admitiendo que "este diario ha publicado en artículos de opinión firmados por distintas personas esa cifra y, basándose en ellos, se recogió en el citado editorial. Pero es cierto que a la hora de redactarlo no disponía de ningún estudio riguroso que avalara ese porcentaje." (El País, 5 de Marzo de 2006).

Entonces, ¿a cuántas mujeres afectan las medidas de Aído?

Parece lógico preguntarse a qué porcentaje de mujeres van a beneficiar estas medidas. Mujeres inmigrantes víctimas de la trata y de la explotación sexual. La nueva medida destaca por conceder un mes a las víctimas para que se decidan a denunciar, durante estos treinta días serán atendidas y protegidas y podrán recibir asistencia legal gratuita en su idioma. En este tiempo, además, no podrán se expulsadas del país, así como no lo serán aquéllas que, tras el periodo de reflexión, denuncien a sus explotadores.

Como señala Raquel Osborne, las nuevas propuestas ponen en evidencia que, hasta ahora, a las mujeres que encontraban en las redadas contra las mafias, si no denunciaban inmediatamente a sus explotadores, las repatriaban, tratándolas como inmigrantes ilegales en lugar de como víctimas. La asociación Anti-Esclavitud Internacional, con base en el Reino Unido, señala también que "es de vital importancia que se trate a las personas traficadas como a víctimas de una violación de los derechos humanos y no como a inmigrantes ilegales". Esta nueva medida concede un mes más de trato como víctimas, algo que todas las consultadas consideran "positivo", pero se ve que al final de éste, el protocolo sigue siendo el mismo.

Empar Pineda considera que debería afrontarse este tema en toda su complejidad, y ser atacado como trata de seres humanos, sin olvidar que no siempre ésta es con fines de explotación sexual. Pide atender a las víctimas de la trata como personas cuyos derechos humanos han sido vulnerados y no ofrecerles ayuda "a condición" de que denuncien o den información sobre las mafias. Resulta importante tener presente que en muchos de estos casos se trata de personas que se encuentran bajo fuertes amenazas, no sólo sobre ellas sino también sobre sus familias, residentes generalmente en los países de origen, lo cual puede funcionar como freno para que se atrevan a denunciar.

Desde AMUNOD, se muestran optimistas ante el hecho de que se hable del tema, especialmente en los medios de comunicación, sobre las facilidades otorgadas para las chicas que se atrevan a denunciar, ya que "salir a denunciar resulta muy difícil" y este tipo de noticias pueden animar a alguna chica explotada a "dar el salto". Sin embargo, al hablar de las medidas concretas, comentan que todo sigue más o menos igual. Al menos en Alicante ya se recibía prestación económica (por violencia de género) y se ofrecía asistencia jurídica y pisos tutelados. Todo esto, eso sí, tras la denuncia.

Y más lógico aún parece preguntar a quién deja fuera estas nuevas medidas de protección. A las que no denuncian, a las prostitutas que ejercen de forma voluntaria, las mujeres que han venido a España con mafias o con deudas contratadas con personas que abusan de ellas, pero que no constituyen trata de seres humanos (recordemos que, en muchos casos, conseguir papeles es sólo posible a través de estas redes ilegales), a las que sufren abusos trabajando en los 'bares de alterne' por no tener derechos laborales con que defenderse, a las que están en la calle martilleadas por sus chulos y a las prostitutas que ejercen con una cierta comodidad pero a sabiendas de que, ante cualquier abuso, no tienen a quién acudir del ámbito legal. Todas quedan fuera de estas medidas y de los planes de acción del Gobierno en relación con el tema de la prostitución.

La promotora de la corriente "Otras Voces Feministas" propone como solución dirigir las fuerzas hacia políticas contra la trata de seres humanos (haciendo dentro de ésta especificaciones para aquéllas en las que la explotación es sexual) sin poner por delante la condición de inmigrantes de las víctimas, sino la de personas. Y considera que la mejor forma para combatir las mafias sería considerar la prostitución como trabajo, dado que al regularizarse, sería más fácil descubrir las redes de trata, actuando así sobre las dos cuestiones: trata de seres humanos y prostitución.