Panamá.- Panamá espera que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) homologue los finiquitos suscritos con las autoridades de Trabajo por 203 funcionarios panameños despedidos por el Gobierno en 1990, para adelantarles el pago de una indemnización, dijo hoy una fuente oficial.
El ministro panameño de Trabajo, Edwin Salamín, informó de que el primer pago de una indemnización total por 21,9 millones de dólares está pendiente de esta homologación, según un comunicado del ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel).
El ministro panameño de Trabajo, Edwin Salamín, informó de que el primer pago de una indemnización total por 21,9 millones de dólares está pendiente de esta homologación, según un comunicado del ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel).
Con estos finiquitos, suscritos en agosto pasado, el Gobierno busca finalizar el litigio que le ganaron al Estado panameño en la CorteIDH los 270 funcionarios despedidos ilegalmente en 1990.
Salamín indicó que una vez la CorteIDH, con sede en Costa Rica, los homologue, el Estado panameño procederá a realizar esos pagos mediante una convocatoria pública.
Añadió que para hacer frente al primer pago de 6,9 millones de dólares, el Mitradel solicitará un crédito extraordinario por esa cantidad.
Los pagos siguientes, según lo acordado, se harían en 2009, 2010 y 2011, con lo cual se cancelará la totalidad de la deuda que ahora suma 21,9 millones de dólares, que contempla un concepto adicional de devolución en materia de salarios caídos, recargos e intereses por el 10 por ciento, según lo establece el Código de Trabajo.
"Este es un compromiso ineludible del Estado panameño (...) para saldar la deuda y poner fin a esta cruzada de 18 años de las víctimas de esta nefasta Ley" 25 de 1990 que ocasionó el despido de estos funcionarios, expresó Salamín.
Los afectados de la Ley 25 han recibido hasta el momento un total de 11,4 millones de dólares pagados por los dos últimos Gobiernos de Mireya Moscoso (1999-2004) y Martín Torrijos, más la propuesta de 21,9 millones de dólares, representando un total de 33,3 millones de dólares solo para este caso, detalló el ministerio de Trabajo.
Los ex funcionarios fueron despedidos en 1990 por el entonces presidente Guillermo Endara (1989-94), tras una protesta sindical contra las privatizaciones de empresas estatales.
La protesta coincidió con un alzamiento policial y se les acusó de sedición y de atentar contra la seguridad interna del Estado y el orden constitucional y democrático del país.
Los ex trabajadores exigen el cumplimiento de una sentencia dictada en 2001 por la CorteIDH a su favor, tras una demanda que presentaron contra el Estado panameño en 1994.
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