Experta cree que los derechos de los grupos vulnerables no es caridad sino exigencia

Oviedo.-  La catedrática de Derecho Constitucional y miembro de la agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea Yolanda Gómez ha afirmado hoy que los derechos fundamentales en el sistema democrático en relación a los grupos más vulnerables "no es una caridad sino una exigencia hacia los poderes públicos".

Yolanda Gómez ha realizado estas declaraciones a Efe antes de pronunciar su conferencia "Grupos vulnerables: aspectos éticos y jurídicos" que ha abierto las XXIII Jornadas de Coordinación de Defensores del Pueblo que se celebran en Oviedo hasta el próximo miércoles.

El Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, y los doce autonómicos (Asturias, Cataluña, Galicia, Aragón, Andalucía, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Valencia, Canarias, La Rioja, País Vasco y Navarra) debaten como tema central los derechos sociales en tiempos de crisis.

Gómez, que también es miembro del Comité de Bioética de España, ha advertido de que además de los grupos clásicos de vulnerabilidad como la pobreza se están detectando otros relacionados con la asistencia sanitaria, los problemas de salud y la investigación bioética.

Además, la catedrática ha querido llamar la atención sobre los problemas que está ocasionando la aplicación de las nuevas tecnologías de comunicación como internet.

Ha indicado que la red está generando problemas de vulnerabilidad en menores y en discapacitados que se ven en situaciones de riesgo al no conocer bien su uso, cuestión que puede propiciar que otras personas pueden abusar de ellas.

Gómez ha dicho que estos abusos a través de las nuevas tecnologías están obligando a redefinir algunos derechos como el de la intimidad de las personas.

A su juicio, hay que volver a estudiarlo otra vez al existir nuevas amenazas sobre este derecho y volver a redefinir su contenido porque si no no se encontrará la solución al problema.

La catedrática ha señalado a la legislación como el primer referente en el que se han de adoptar medidas que hagan frente al problema sin olvidar los recursos económicos necesarios para poder hacer efectivo un cambio en las leyes.

En este sentido, ha señalado que los derechos de carácter social y de prestaciones requieren recursos económicos que hay que distribuirlos conforme a unos objetivos y prioridades.

La aplicación de estos recursos los ha dejado en manos del poder político y, sobre todo, ha destacado la importancia de las comunidades autónomas.

Ha dicho que una de las prioridades de la Unión Europea es el interés por establecer un estándar de derecho que sea lo más uniforme posible entre todos los estados miembros y que sirva de referente para los demás países.