IU condiciona el fin del trasvase Tajo-Segura al funcionamiento de las desalinizadoras

Toledo.-  IU defenderá en el Congreso de los Diputados que la caducidad del trasvase Tajo-Segura se produzca cuando las desalinizadoras suplan el agua a derivar a Levante y que de forma inmediata se reduzca el máximo trasvasable anual de 600 hectómetros cúbicos, como marca ahora la ley, a 300.

El coordinador regional de IU en Castilla-La Mancha, Cayo Lara, explicó que esta es la postura que la dirección federal de IU acordó el pasado mes de marzo en su programa electoral y es la que defenderá Gaspar Llamazares en el Congreso de los Diputados a partir del próximo martes, día 14, cuando se tome en consideración la propuesta del nuevo Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha.

Explicó que su propuesta de reducir a 300 hectómetros la cantidad máxima anual a trasvasar lleva consigo la modificación de las reglas de explotación del Tajo-Segura, que ningún gobierno, ni del PSOE ni del PP, han cambiado.

Esta propuesta se apoya en la cantidad que se derivaba durante los primeros años de funcionamiento del trasvase (años ochenta) cuando se enviaban a Levante unos 320 hectómetros para usos agrícolas, mientras que en los últimos años, dijo Lara, el agua se ha aprovechado para el desarrollo inmobiliario y el enriquecimiento con el ladrillo.

Lara consideró "demagógica y maximalista" la postura que mantienen en la comunidad PSOE y PP al plantear el fin del trasvase en el 2015 y recordó que fueron 510 los hectómetros de agua que se trasvasaron de media anual durante los ocho años de gobierno de Aznar y que el PSOE apoyó la construcción del túnel del Talave-Cenajo, que supone la "consolidación" del Tajo-Segura, dijo Lara.

La decisión del Parlamento Europeo de oponerse a los grandes trasvases supone, dijo Lara, "un balón de oxígeno" a sus tesis y "es presumible" que el Tajo-Segura entre en esta definición.

Respecto a la financiación autonómica, IU plantea que los criterios de reparto estén cimentados en criterios como el número de habitantes, el territorio, el envejecimiento y dispersión de la población y que la inversión del Estado sea en la región el 5,8% del conjunto de las comunidades autónomas hasta el 2013, cuando dejaremos de ser 'objetivo 1' comunitario.

Esta propuesta de financiación la considera "más correcta y justa" que la que figura en el proyecto de Estatuto, que contempla una financiación equivalente al 1% del Producto Interior Bruto (PIB).

Entre las más de doscientas enmiendas que van a plantear en la tramitación del nuevo Estatuto en la Comisión Constitucional del Congreso también se incluyen las relativas a aumentar la representatividad de las Cortes Regionales y así favorecer la entrada de IU en el Parlamento de Castilla-La Mancha, actualmente con 47 diputados.

En este sentido, IU plantea que las Cortes pasen a tener un mínimo de 59 diputados y hasta 75 escaños, a fin de corregir -dijo Lara- el mayor déficit democrático de un parlamento pluriprovincial y que se incluya un procedimiento de asignación de escaños conforme vaya aumentando la población, al igual que había antes de la reforma de 1998.