Bogotá.- Los trabajadores del sector judicial colombiano, en huelga desde hace 44 días, decidirán mañana si levantan el paro tras el preacuerdo alcanzado hoy con el Gobierno, dijo a Efe el presidente de la Asociación Nacional de Empleados de la Rama Judicial (Asonal), Fabio Hernández.
Luego de una maratoniana reunión de siete horas, Asonal y el Gobierno lograron un preacuerdo por el que éste último elevó de 131.000 millones de pesos (casi 57 millones de dólares) a 150.000 millones de pesos (unos 62 millones de dólares) su máxima concesión de alza salarial, sujeta a que el Congreso apruebe una ley en mayo.
"No ha habido acuerdo todavía. El Gobierno hace este ofrecimiento que ya se dio a conocer a todos los trabajadores y mañana se hará la votación en cada ciudad. Lo que digan los trabajadores por mayoría será mandato para la junta directiva de Asonal", precisó Hernández.
El líder sindical añadió que "si no hay acuerdo, el paro seguirá indefinidamente".
El ministro del Interior y Justicia, Fabio Valencia Cossio, había declarado antes que "el Gobierno se compromete, si es que levantan el paro, a buscar nuevas fuentes de financiación".
Los huelguistas iniciaron la medida de fuerza el pasado 3 de septiembre para exigir una nivelación entre los sueldos de los magistrados y jueces superiores y los de funcionarios de menor rango.
El paro judicial durante estos 44 días ha causado pérdidas por más de 60 millones de dólares y la paralización de cerca de 160.000 procesos judiciales.
Por ese motivo, el pasado 10 de octubre el Gobierno decretó el estado de conmoción interior en el sector judicial, uno de los tipos de estado de excepción contemplados por la Constitución, para afrontar la crisis.
El presidente de Colombia, Álvaro Uribe, justificó ese día la medida después de que fracasaran las negociaciones con los empleados judiciales, que no aceptaron las alzas salariales propuestas.
Uribe alertó que durante el paro más de 2.700 detenidos por homicidio, narcotráfico y tenencia de armas han quedado libres por vencimiento de términos legales, más de 120.000 procesos están sin fallos y no se celebraron al menos 25.000 audiencias.
De acuerdo con la Constitución colombiana, "en caso de grave perturbación del orden público que atente de manera inminente contra la estabilidad institucional", el presidente de la República puede declarar ese estado de excepción hasta por noventa días, prorrogables por dos periodos iguales.
Esa circunstancia legal le permite al Ejecutivo dictar medidas con fuerza legislativa para conjurar las causas de la perturbación e impedir la extensión de sus efectos.
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