El sector judicial de Colombia reanuda labores tras una huelga que duró 44 días

Bogotá.-  Los empleados del sector judicial de Colombia decidieron hoy regresar a sus labores tras una huelga que duró 44 días y ocasionó pérdidas superiores a los 60 millones de dólares y la congestión de más de 160.000 procesos.

La suspensión del cese de actividades, que se realizaba para exigir mejoras salariales desde el pasado 3 de septiembre, se decidió por votación de más de 14.000 integrantes de la Asociación Nacional de Empleados de la Rama Judicial (Asonal).

El presidente de Asonal, Fabio Hernández, precisó que más de 8.500 afiliados votaron por suspender la huelga frente a unos 5.600 que apoyaban seguirla.

"Hay que acoger esa decisión mayoritaria y creemos que es correcta, dadas las condiciones y la fatiga después de 44 días", manifestó Hernández, quien destacó que los empleados judiciales seguirán "sentados en la mesa de diálogos".

Entretanto, el Gobierno, que desde comienzos de esta semana afirmaba que una parte de los trabajadores había vuelto a sus labores, elogió la decisión y prometió seguir los diálogos con los representantes de los funcionarios.

"Con el levantamiento del paro ganan el país y la justicia. Es una buena noticia", declaró el ministro del Interior y Justicia, Fabio Valencia Cossio.

El pasado 9 de octubre el Gobierno colombiano decretó el estado de conmoción interior previsto por la Constitución por un lapso de 90 días, con el fin de enfrentar la parálisis de los trámites judiciales.

El ministro Valencia Cossio señaló que dicho estado excepcional seguirá por ahora "porque debemos atender los efectos dañinos del paro judicial".

Los huelguistas reclamaban la nivelación salarial entre los altos sueldos de los magistrados y jueces superiores y los empleados del nivel inferior.

El cumplimiento de las exigencias laborales superaba los 300.000 millones de pesos (unos 142 millones de dólares), y la oferta máxima del Gobierno fue de cerca de 111.000 millones de pesos, que equivalen a unos 52 millones de dólares.

El arreglo se logró luego de que el Ejecutivo ofreciera gestionar una ley que incremente las mejoras salariales a 150.000 millones de pesos y revisar la situación en mayo próximo a la luz del comportamiento de la economía.

Al declarar el estado constitucional especial, el presidente colombiano, Álvaro Uribe, aseguró que había una congestión de más de 160.000 procesos y que más de 2.700 detenidos por delitos como homicidio, tenencia de armas y narcotráfico habían quedado libres por el vencimiento de los términos judiciales.

Asimismo, se suspendieron más de 25.000 audiencias judiciales.

El Gobierno insistió en que no podía aumentar sus concesiones para no perjudicar el presupuesto ni afectar las metas macroeconómicas.

Días antes se habían ordenado por decreto algunas alzas salariales que Asonal no consideró aceptables.

"En mayo nos volveremos a sentar y, de acuerdo con los indicadores económicos del momento miraremos la posibilidad de un nuevo ajuste. Pero, mientras tanto, seguiremos buscando otras fuentes de recursos", puntualizó el ministro del Interior y Justicia.

Valencia Cossio anunció un nuevo decreto dentro del estado de conmoción interior para la descongestión judicial.

Aseguró que el Gobierno no utilizará el estado de excepción para suplantar al poder judicial, pero subrayó que se busca que los jueces se pongan al día con los procesos atrasados.