El acusado en el "caso Saqueo" dice que ingresó el dinero público a la mujer del imputado fallecido

Madrid.-  Eduardo Gonzálvez, uno de los seis acusados en el "caso Saqueo" por el desvío de fondos del Ayuntamiento de Marbella (Málaga) entre 1991 y 1995, ha reconocido hoy que ingresó dinero del erario municipal en la cuenta de la esposa de José Luis Jiménez, imputado en la causa fallecido en 2005.

Así lo ha manifestado durante su interrogatorio en el juicio que ha comenzado hoy a celebrarse en la Audiencia Nacional después de que este tribunal haya rechazado abstenerse de juzgar este caso en favor del Tribunal de Cuentas, tal y como habían solicitado en las cuestiones previas la mayoría de los acusados, entre ellos el ex asesor urbanístico municipal Juan Antonio Roca.

La Fiscalía Anticorrupción, que pide penas de entre 8 y 10 años de prisión para los acusados, sostiene que desde la llegada a la alcaldía en 1991 del Grupo Independiente Liberal (GIL) los acusados decidieron desviar, desde el Ayuntamiento o desde sus propios cargos en las sociedades municipales que crearon para ello, los fondos públicos del municipio "en su propio beneficio o en el de terceros".

Gonzálvez, empleado de la sociedad municipal "Contratas 2000", ha explicado que, pese a que era administrativo contable, no se encargaba de la cuentas y ha dicho que él hacía anotaciones en los libros sobre las operaciones del "día a día", ya que la empresa tenía una "contabilidad primaria".

A preguntas de la fiscal Belén Suárez, ha reconocido que de 1991 a 1995 realizó diversos ingresos del dinero que enviaba el consistorio marbellí para gestionar la actividad de la sociedad municipal, en la cuenta bancaria de la también acusada Purificación Notario, esposa de Jiménez, que era el gerente de "Contratas 2000" y fue estrecho colaborador del ex alcalde Jesús Gil, ya fallecido.

El motivo para realizar esta operación, que ha calificado de "normal", era -según ha dicho- que Jiménez les había hablado de la posibilidad de que embargaran las cuentas y para que, "al menos el dinero de los sueldos de los empleados" no se perdiera, les había ordenado que los ingresos se efectuaran en la cuenta de su esposa, desde la que también se realizaban pagos de facturas.

"Era un jefe autoritario. Nunca le pedí aclaración alguna sobre lo que me mandaba porque no me resultaba fácil acceder a él y tampoco me hubiera dado explicación alguna", ha apostillado.

Ha insistido en que él "no hacía las cuentas oficiales" de la sociedad y, en este sentido, ha indicado que "las carpetas se mandaban al club financiero, al despacho del señor Manuel Jorge Castel", otro de los acusados considerado contable del entramado financiero.

"Yo era el último de la fila", ha respondido al ser preguntado por la fiscal si los datos que él anotaba eran "manipulados" por alguien, y, en concreto, por el cierre de 1992, en el que aparecían ingresos por un valor de 4.200 millones de pesetas y, tras el pago de las nóminas, quedaba un fondo de provisión de 2.439 millones, una cifra que, según el Ministerio Público, no se corresponde con los 63 millones que el acusado anotó en los libros de contabilidad.

Sobre el dinero que cobró mediante cheques de las cuentas de la sociedad municipal, el acusado ha relatado que "en el 99 por ciento de los casos era para pagar las nóminas".

Gonzálvez, que se enfrenta a una petición de 10 años de cárcel, ha asegurado que en "Contratas 2000" no había contabilidad B, aunque no ha explicado por qué aparecía su firma en unos documentos mostrados en la vista en los que constaban ingresos en A y en B.

Por su parte, Castel ha ofrecido una versión distinta de la de Gonzálvez al tribunal, presidido por la magistrada Ángela Murillo, ya que ha negado ser el contable del entramado financiero y ha sostenido que su labor era la de ofrecer a las distintas sociedades "asesoramiento fiscal de cara al comprobación y liquidación de impuestos".