Justicia considera el traslado como última solución en conflictos escolares

Zaragoza.-  El Justicia de Aragón, Fernando García Vicente, ha asegurado que la expulsión de los estudiantes que causen problemas o el traslado de centro de los que sean víctimas de acoso escolar, aunque sea la solución más fácil, siempre ha de ser "la última opción".

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(EFE)

El Justicia de Aragón, Fernando García Vicente.

Así lo ha considerado durante la presentación, ante la Comisión de Peticiones y Derechos Humanos de las Cortes de Aragón, del informe "Detección y resolución de conflictos en el ámbito escolar", en el que se presentan las ideas fundamentales para evitar conflictos en las aulas.

El Justicia ha explicado que una expulsión o un traslado supone una "doble victimización de la víctima", aunque ha aclarado que es una medida aceptable en casos en los que los agresores actúan en grupos más o menos organizados.

El informe propone como alternativa la utilización de aulas y órganos de convivencia, soluciones que ya se han puesto en marcha en Andalucía "con un resultado francamente positivo" y que permiten profundizar en su educación, ha expuesto García Vicente.

También destaca la importancia de evitar el aislamiento del menor, ya que los niños con dificultades para relacionarse son más vulnerables al acoso escolar, así como de garantizar que el profesorado recibe el apoyo de las familias, aún "cuando su actuación haya sido discutible".

La Administración también debe aumentar los medios con los que cuenta el profesorado y apoyarle en sus conflictos con los alumnos cuando su actuación haya sido razonable, ya que revocar las decisiones de los centros desde las instituciones "es contraproducente", ha advertido.

En los últimos cuatro años, la oficina del Justicia ha recibido veinte casos de denuncias por acoso, aunque en un número "importante" de ellos no existía tal comportamiento, ya que los conflictos que se producen "no son todos los que se denuncian ni se denuncian todos los que son", ha aclarado García Vicente, quien ha hablado de una "bolsa oculta" de casos a la que no es posible acceder, dado que las agresiones se producen en un ámbito privado.

García Vicente también ha hablado de la labor de los medios de comunicación, que en su opinión deben evitar las noticias morbosas o dar ideas, y centrarse en dar información real que destaque lo positivo, como un posible arrepentimiento del agresor.

En el turno de portavoces, el diputado de Izquierda Unida, Adolfo Barrena, ha recordado que los conflictos no son sólo una cuestión de disciplina en las aulas, ya que en ocasiones tienen un origen social o familiar, y ha defendido que los problemas no pueden resolverse siempre recurriendo a la autoridad, sino que también hay que acudir a medidas relacionadas con la calidad de la enseñanza.

La portavoz de Chunta Aragonesista, Nieves Ibeas, ha apuntado la necesidad de mejorar la formación del profesorado y de dotar al sistema educativo aragonés de mediadores y orientadores que ayuden a solucionar los conflictos escolares.

Por parte del PP, Carmen Pobo ha defendido que gran parte de los problemas de los jóvenes vienen por cambios en la sociedad que han provocado la pérdida de valores como la satisfacción por el trabajo bien hecho, la responsabilidad o el respeto a los demás, y en este sentido ha abogado por el papel "importantísimo" de las escuelas de padres para su formación.

Asimismo, ha lamentado que tenga que ser la Administración de Justicia la que resuelva unos conflictos a los que no pueden responder los centros escolares, por lo que ha abogado por plantear reformas para cambiar las leyes actuales.

María Herrero, del Partido Aragonés, ha advertido de que sin la coordinación entre familia, escuela y medios de comunicación "poco se puede hacer" y ha puesto en duda la eficacia de unos protocolos de actuación que comprendan de un modo general cualquier tipo de acoso, ya que "hay que estudiar cada caso por separado".