Vitoria.- Las Juntas Generales de Álava han aprobado hoy por unanimidad el proyecto de norma foral para anticipar las indemnizaciones previstas en la Ley de Memoria Histórica a las víctimas del 3 de marzo.
En la imagen, el diputado general de Álava, Xabier Agirre (d), entrega a representantes de la Asociación de Víctimas del 3 de Marzo la Medalla de la Provincia, máximo galardón otorgado por la Diputación Foral, "como reconocimiento institucional y reparación moral a los trabajadores agraviados" en los sucesos que tuvieron lugar en el año 1976 en Vitoria.
Las indemnizaciones ascienden a 138.232 euros para los beneficiarios de los cinco fallecidos durante una actuación policial contra huelguistas reunidos en una iglesia de la capital alavesa.
Además, quienes arrastren una gran invalidez tras aquellos sucesos cobrarán de manera anticipada por parte de la Diputación alavesa 390.657 euros; Incapacidad permanente absoluta, 96.161,94 euros; Incapacidad permanente total, 48.080,97 euros; e Incapacidad permanente parcial, 36.060,73 euros.
Además, se reconoce el derecho a una indemnización anticipada "por la cuantía que corresponda" a quienes padecieron secuelas irreversibles, no generadoras de una incapacidad permanente.
Este importe se determinará con arreglo al sistema de valoración establecido en la Ley de Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos de Motor.
Las indemnizaciones anticipadas que concederá la Diputación lo serán a cuenta de las establecidas por la Administración del Estado al amparo de la Ley de Memoria Histórica.
Todos los grupos de la Cámara foral alavesa han votado a favor de adelantar el pago de estas ayudas.
Las personas beneficiarias podrán solicitar, en el plazo de tres meses contados a partir de la entrada en vigor del Decreto Foral, la concesión de las indemnizaciones y el plazo máximo para resolver y notificar la resolución de las solicitudes será de un año.
En el caso de que el Estado no reconozca ayudas por las mismas contingencias o lo haga por cuantías diferentes a las establecidas en la norma foral, la Diputación asumirá las cuantías diferenciales con cargo a los presupuestos del Territorio.
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