La cúpula de Barceló vuelve a poner en el punto de mira los créditos FAD

La cúpula de Barceló (ver vídeo) en la sede de la ONU en Ginebra abre una nueva brecha en las cuestionables ayudas al desarrollo. De los 18,5 millones que ha costado la renovación de la Sala XX del Palacio de Naciones, 500.000 euros proceden de Fondos de Ayuda al Desarrollo (FAD). No ha tenido problemas en confirmarlo el embajador de España ante la sede europea de Naciones Unidas, Javier Garrigues, que ha justificado la partida como una contribución de esta obra de arte a la promoción de los derechos humanos y el multilateralismo.

(Fundación)

Miquel Barceló durante los trabajos de construcción.

Desde que en 1976 se crearon los FAD, mucho se ha hablado de su uso para financiar proyectos que poco tienen que ver con las ayudas al desarrollo. El caso de la cúpula de Barceló es el primero que se conoce en el que este dinero se utiliza con fines artísticos, pero desde hace años parte de los fondos se destina para pagar cuotas de socio en organismos mundiales como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y también en entidades no financieras como la ONU. Para Dani Gómez-Olivé, coautor del libro 'La ilegitimidad de los créditos FAD. Treinta años de historia', se están usando como mecanismo para tener presencia en la escena internacional y no como ayudas. Se computan dentro del porcentaje de PIB que España invierte en ayudas al desarrollo (un 0,5% para 2009) gastos que nada tienen que ver.

En concreto, la partida destinada a la remodelación de los 1.400 m ² de cúpula —que es inversión y no crédito— procede del Ministerio de Asuntos Exteriores, encargado junto a Economía y Hacienda e Industria de gestionar los fondos. Este organismo es el responsable de la Fundación Onuart, que gestiona el presupuesto destinado a la realización de la obra (un 60% procede de capital privado —12 millones— y un 40% es de origen público —ocho millones—). A pesar de todo, el Gobierno defiende la utilización de los créditos FAD para este fin, algo que al parecer desconocía el propio autor de la obra. Miquel Barceló mostraba hoy en una entrevista en el diario El Mundo su incomodidad ante unos hechos que ahora se han confirmado. Pero para Garrigues "todo lo que está relacionado con derechos humanos es ayuda al desarrollo, y en ese sentido, lo que se hace en Ginebra en el marco de la ONU es el mejor ejemplo de ese multilateralismo eficaz".

Demasiado dinero

El ministro Moratinos ya adelantaba el jueves su postura respecto a la obra que se inaugurará el próximo día 18 de noviembre: "España está contribuyendo a la reforma del Palacio de Naciones, como todos los países. La aportación de nuestro país es la suficiente para que todos nos sintamos orgullosos". Moratinos no hizo referencia a los más de 18 millones de euros gastados, en un momento de crisis económica en el que cualquier cifra de muchos ceros se mira con lupa. "No por estar en tiempos de crisis hay que sacrificar ese ámbito de los derechos humanos", insiste el embajador español. El ministro ha asegurado hoy en el Senado que, acogiéndose al artículo 58 de la ley 42/2006 de 28 de diciembre de Presupuestos Generales del Estado de 2007, los 500.000 euros no se han computado como ayuda al desarrollo ante la OCDE, aunque sí salen de los FAD.

Para Tom Kucharz, de la plataforma Quién debe a quién en favor de la reforma de estos créditos, supone "una falta de ética destinar millones de euros para financiar esta obra mientras se necesita dinero para luchar contra la crisis alimentaria que afecta a casi 1.000 millones de personas en el mundo o el problema de la desertificación que afecta a 1.300 millones".

Zapatero había anunciado la remodelación de los créditos FAD para antes de terminar su primera legislatura y aún está pendiente —podría hacerse en las próximas semanas—. Para Dani Gómez-Olivé, cuando nacieron España era todavía un país en vías de desarrollo y carecía de políticas de cooperación. "Su origen está claramente orientado a la proyección exterior de la industria española", sostiene. De ahí parte la primera denuncia: estos créditos surgen como un mecanismo comercial con la finalidad de abrir mercados en los países del Tercer Mundo.

Un caso entre muchos

El ejemplo de la ONU, aunque sangrante para muchos, no es excepcional. Otra de las últimas polémicas respecto al uso de estos créditos condicionados (la obra deberá ser acometida por una empresa del país acreedor) se produjo hace sólo unos meses en China. Intermón Oxfam denunció que España había concedido 12 millones de euros para escaleras mecánicas, ascensores y puertas de acceso a los pabellones de los Juegos Olímpicos. Y todo ello se computó como ayuda al desarrollo. Bajo este nombre, las empresas españolas se beneficiaban no sólo al hacer la obra, sino también por entrar en un país que no necesita ayuda económica. Según Verónica Hernández, de esta ONG, "un país como China no está necesitado", lo que "se demuestra el uso comercial de los fondos". Y lo preocupante es que casi un 30% de los mismos se han destinado a proyectos en China, Marruecos, Argelia, México y Turquía. En el pasado se encuentran más ejemplos. Durante el gobierno de Felipe González se otorgaron créditos al Chad para la rehabilitación de dos hoteles de lujo, uno en 1989 y otro en 1991.

En estos 32 años de historia de los créditos, se ha hablado mucho sobre su legitimidad. La principal denuncia del Observatorio de la Deuda en la Globalización (ODG) es que han tenido fines bélicos. En 1992, cuando se prohibió la concesión de estos fondos par vender equipos y materiales militares, un 20% de los créditos tenían este destino. Y en 1991 sirvieron para armar a las milicias rebeldes de Somalia que derrocaron al presidente Mohamed Siad Barre.

Un cajón de sastre

La solución pasa por que la reforma obligue a auditar los créditos para comprobar si son legítimos. "Hasta ahora nunca se ha hecho ninguna evaluación de los créditos FAD", asegura Gómez-Olivé. Desde Oxfam sostienen que "es importante regular la transparencia" de esta gestión para evitar que "nos podamos llevar sorpresas como la de la ONU". Sobre todo, porque para 2009 se prevé destinar una partida de 2.338,33 millones de euros, lo que supondrá un 54% del peso de Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD).

Pero no sólo eso. El hecho de que se condicione su concesión a la compra de bienes y servicios españoles imposibilita al país que recibe los créditos FAD a conceder proyectos de ejecución a empresas locales. Esto hace que se cumpla la paradoja del enriquecimiento del donante. Otra de las grandes culpas que se achacan a estos créditos es que contribuyen a aumentar la deuda externa. De hecho, la mitad de la deuda que los países latinoamericanos tienen con España procede de estas ayudas que muchas veces ni siquiera logran su cometido. Hernández concluye que con la reforma deberían desaparecer las ayudas condicionadas y "convertirlas en donaciones". Para ella, hay que erradicar la situación que ha provocado que la sociedad española "esté desencantada con las ayudas a países del tercer mundo. Esto se extiende como una mancha de aceite y ya afecta a las ONG".

• Fundación Onuart
• Observatorio de la Deuda en la Globalización (ODG)
• Sobre la obra de Dani Gómez-Olivé