¿Para qué valen los planes de ahorro de energía?

Cada cierto tiempo se celebra en Madrid un encuentro de expertos en energía muy especial. Acuden una veintena de conocidos especialistas de grandes compañías eléctricas, universidades, asociaciones empresariales, organismos estatales, grupos ecologistas... Y se diferencia de otros foros por sus reglas: "Aquí no se llevan sombreros, da igual dónde trabajes, la que habla es la persona", me explican al recibirme. "Puedes reproducir lo que escuches, pero todo lo que salga de aquí va sin nombre".

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El interés está en oír a gente muy diversa que sabe de energía cuando no se preocupa tanto de quién le escucha o de defender posiciones determinadas. Se reúnen bajo las siglas GTPES (Grupo de Trabajo sobre Políticas Energéticas Sostenibles) en una pequeña sala de la Universidad Pontificia Comillas y el tema de debate escogido para esta ocasión son las políticas españolas de ahorro y eficiencia energética. En concreto, el Plan de Acción E4 2008-2012 y el Plan de Activación del Ahorro y la Eficiencia Energética 2008-2011, aprobado por el ministro Miguel Sebastián el pasado verano.

¿De verdad están influyendo estos planes en el consumo? Una de las cuestiones planteadas en la sala es cómo se mide su incidencia. Hasta ahora, y parece que la historia se ha vuelto a repetir, a menudo lo que ha pasado es que los mayores descensos de consumo de energía han estado más relacionados con la evolución de los precios del petróleo, con la coyuntura económica o con la meteorología, que con la verdadera eficacia de cualquier medida política. Pero, ¿cómo determinar, cuando baja la curva de demanda, qué parte de ese descenso se debe atribuir a acciones dirigidas con esa intención y qué parte a que suban o bajen las temperaturas en un determinado momento? A veces resulta imposible saberlo, pero desde varias de las sillas se escucha cómo falta justamente un proceso riguroso de evaluación de estos planes de ahorro y eficiencia para comprobar de qué están sirviendo, lo que seguro ayudaría a que tuvieran un mayor éxito. En el caso del último plan de Sebastián, ni siquiera se ha realizado una estimación de los ahorros que esperan conseguirse con cada medida. ¿Cómo comprobar luego su eficacia o su cumplimiento?

Utilizar el transporte público, bajar la calefacción en casa, poner bombillas de bajo consumo, subir la temperatura del aire acondicionado, comprar aparatos eficientes, montar en bicicleta... Sin dejar de escucharse críticas a estos dos planes (precipitación, muchas medidas vistosas más que efectivas...), la mayoría de las intervenciones consideran que son, en general, positivos y apoyan que se dirijan a los ciudadanos y a los llamados sectores difusos (vivienda, transporte, servicios). Pero sólo parece escucharse una única voz en la sala cuando todos coinciden que la mayorías de estas medidas son de carácter demasiado voluntarista. "Hace falta una señal de precios". Lo de cambiar las bombillas o la bicicleta está muy bien pero, guste o no, el ciudadano varía de verdad su consumo cuando se encuentra con un precio que le recuerda que merece la pena ser más eficiente.

A este respecto, todos están de acuerdo en que los precios de la electricidad y la energía deben incorporar todos sus costes, incluidos los ambientales, lo que ahora no sucede: "Actualmente los precios energéticos no incentivan el ahorro".

En este auditorio no asustan las reflexiones impopulares. Puestos a ser efectivos, ¿hasta dónde se puede llegar para mejorar la eficiencia energética de la sociedad? "No basta con dar facilidades a los coches con tecnologías más limpias, habría que prohibir la venta de determinados modelos todoterreno que tienen un consumo de carburante desmesurado", se oye desde el fondo de la sala. "No estoy de acuerdo con prohibir nada, pero sí con que se pueda restringir el acceso a ciertas partes de la ciudad para que sólo entren los vehículos más eficientes", responden desde la primera fila. En esto de la tecnología, alguien avisa entonces del 'efecto rebote', que consiste en que la promoción de determinadas tecnologías en teoría 'más limpias' puede acabar aumentado el consumo de forma no deseada. Y desde el otro lado de la sala se incide en que todas las acciones son interesantes, pero siempre que estén coordinadas entre sí y con el resto de políticas de la Administración. Una circunstancia que tampoco suele darse. "Si se quiere reducir el uso del coche, ¿por qué se gasta tanto en carreteras e infraestructuras para estos vehículos?". Otros creen necesaria una Ley de Movilidad.

Se habla de las Empresas de Servicios Energéticos (ESCOs) impulsadas por el plan de Sebastián, empresas a las que se les paga para que consigan mejoras en el ahorro y la eficiencia. Pero, de nuevo, las intervenciones vuelven a llevar al mismo punto: los precios artificialmente bajos, la no internacionalización de los costes ambientales y la ausencia de señales económicas que incentiven los ahorros. Parece claro que, para que se desarrolle de verdad, el negocio de la eficiencia energética tiene que ser rentable y esto no pasa en las condiciones actuales. Una barrera a la que se une la falta de formación de los técnicos y responsables de las empresas que deberían acometer estas mejoras de eficiencia energética.

También se escucha el concepto de certificados blancos, una herramienta de eficiencia energética utilizada en países como Italia o Francia. Desde una de las sillas se explica que estos certificados confieren un valor económico al ahorro energético, lo que incentiva actuaciones en este campo. Sin embargo, surgen voces discordantes y en general se impone el escepticismo. Entre los puntos en contra, se destacan las dificultades para verificar los ahorros energéticos ligados a la emisión de estos certificados.

Aunque todas las sillas parecen estar alineadas a favor de actuar sobre los precios para desincentivar el gasto y fomentar la eficiencia, unas pocas se desmarcan del resto para subrayar también la importancia del factor cultural. Los precios no son suficientes y también resulta determinante la sensibilización de la sociedad. La vía cultural quizá sea mucho más lenta, pero también más eficaz. Y se pone como ejemplo Japón, donde se publicitan con orgullo las prácticas más eficientes, o el caso concreto del reciclaje en los hogares españoles, que se identifica como un valor social sin necesidad de introducir este tipo de señales económicas.

La reunión termina y los participantes vuelven a recuperar su identidad para acudir a sus puestos de trabajo (a seguir hablando de energía). ¿Qué piensas tú? ¿Crees que el ciudadano sólo se preocupa por su consumo de energía cuando tiene que pagar más o también sirven las campañas de sensibilización? ¿Verías bien un aumento de los precios de energía que repercuta sobre aquellos que más consumen o derrochan?