Madrid.- La presidenta de la Fundación Miguel Ángel Blanco, María del Mar Blanco, ha mostrado hoy su convencimiento de que "la información sobre los movimientos de Ignacio Uría", última víctima de ETA, salió de "cualquier concejal de ese ayuntamiento (el de Azpeitia, gobernado por ANV) o incluso del propio alcalde".
De izda a dcha. Esther Sáez, víctima del 11-M; la presidenta de la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M, María Ángeles Domínguez; la hermana de Miguel Angel Blanco, María del Mar Blanco; el periodista Cayetano González; la periodista de ABC Blanca Torquemada; el presidente de la AVT, Juan Antonio García Casquero, y la portavoz de del Colectivo de Víctimas del Terrorismo del País Vasco (Covite), Cristina Cuesta, participaron en el seminario "Información, Víctimas y Terrorismo" organizado por la Universidad CEU San Pablo.
"Los terroristas no deben permanecer ni un minuto más en los ayuntamientos", ha dicho Blanco en el VI Seminario "Información, Víctimas y Terrorismo", organizado por la Fundación Universitaria San Pablo-CEU, en el que se ha guardado un minuto de silencio por la muerte del empresario vasco asesinado ayer por la banda terrorista.
Marimar Blanco, hermana del concejal del PP de Ermua Miguel Angel Blanco, asesinado por ETA en 1997, ha trasladado su "apoyo, cariño y solidaridad" a la familia de Uría y a sus compañeros de trabajo, así como a todos los empresarios vascos que "sufren y padecen la amenaza, el chantaje y el acoso" de ETA.
Ha recordado que estos 40 años en los que España ha sufrido el "zarpazo del terrorismo" han demostrado que para acabar con esta lacra no sirve negociar, sólo "aplicar la ley".
La presidenta de la Fundación Miguel Ángel Blanco ha hecho hincapié en que la presencia de los terroristas en las instituciones públicas les permite recibir subvenciones del Gobierno que este año ascienden a 40 millones, que no irán destinados a "mejorar las condiciones de sus conciudadanos" sino a "financiar el terrorismo".
Por ello, ha pedido al Gobierno que ponga en marcha "todos los instrumentos legales para disolver los ayuntamientos que están en manos de los terroristas o de sus cómplices".
En este sentido, el presidente de la AVT, Juan Antonio García Casquero, ha apostillado que en función del artículo 61.2 de la Ley de Régimen Local es posible disolver los ayuntamientos en los que gobierna ANV, al tiempo que ha recordado que esta formación no ha condenado este atentado como tampoco lo hizo con el del ex concejal socialista de Arrasate-Mondragón Isaías Carrasco.
Casquero ha asegurado que este asesinato es "una respuesta a todos aquellos políticos que dicen últimamente que el final de ETA tiene que ser y será dialogado".
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