Resbalón de Cristina Kirchner en los glaciares argentinos

BUENOS AIRES.-  Argentina iba camino de tener la legislación más protectora de los glaciares; lástima que en ese camino se haya interpuesto la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, al vetar la ley aprobada por las dos cámaras parlamentarias. El inesperado veto ha disparado las sospechas de que su motivación obedece a intereses petroleros y mineros ávidos por explotar las riquezas minerales encerradas en esas regiones de hielos cuasi-eternos.

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El glaciar argentino Perito Moreno

La noticia me sorprendió en El Bolsón, ex capital del hippismo argentino y actual centro de concienciación ambiental. En este valle patagónico se vivió con gran frustración el pisoteo presidencial de una norma modélica, un arma clave en la batalla por salvar de la rapacidad extractiva a los ecosistemas de los Andes. Tampoco fue mejor recibido en los mentideros locales el anuncio del cese fulminante de la secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, Romina Picolotti, la mentora de la iniciativa desarbolada.

Argentina cuenta con más de 300 glaciares (el 75% de su reserva de agua dulce). Ultimamente, esos ríos de hielo se vienen derritiendo a paso acelerado, en parte debido al calentamiento global, en parte debido a la actividad humana. Por esa razón la norma bloqueada por Cristina de Kirchner impulsaba la creación de un inventario nacional de glaciares; y prohibía que en los hielos y en su entorno se realizaran actividades que afectaran su condición natural o implicaran su destrucción o traslado, o interfirieran en su avance, como la exploración y explotación minera o petrolífera.

El veto devuelve el proyecto de ley a la Cámara de Diputados, con el mandato de elaborar una versión más consensuada. ¿Más consenso? ¿Acaso la unanimidad parlamentaria —cosa rara en la política local— no indica suficiente consenso? Los entendidos me explican que por "consenso" se entiende eufemísticamente la relajación de las restricciones comerciales en la zona periglacial (lindante con los glaciares).

Tal como estaba redactada, la ley vetada "podría afectar el desarrollo económico de las provincias afectadas, por la imposibilidad de desarrollar cualquier tipo de actividad u obra en zonas cordilleranas", se argumenta en el decreto presidencial. Hablando en plata, la norma le ataba las manos a la compañía Barrick Gold, decidida a volar y trasladar los glaciares que tapan el yacimiento aurífero que explota en San Juan: el negocio minero más grande de Sudamérica (¡2.400 millones de euros!).

El veto tiene fácil explicación para Adolfo Pérez Esquivel: "es producto de las presiones de los gobernadores de las provincias mineras, como José Luis Gioja de San Juan, y de la Secretaría de Minería de la Nación", dice el Nobel de la Paz en una carta a los diputados y senadores argentinos. Otra prueba de "la presencia del lobby minero es el hecho de que el Ejecutivo haya solicitado que el proyecto sea reconsiderado por la Comisión de Minería y no por la de Recursos Naturales como correspondía por ser la originaria. Esto no es otra cosa que claudicación y falta de responsabilidad con el pueblo", añade.

En estos días he escuchado acusar con ligereza a la presidenta de importarle un bledo los glaciares. En honor a la verdad, Cristina Fernández se derrama en elogios hacia el Perito Moreno, sito en el feudo de su marido, la provincia de Santa Cruz. Sucede que allí los Kirchner entablaron una sólida relación con las empresas petroleras y mineras, fuente de un importante flujo monetario que engrosó las arcas provinciales y facilitó el despegue político del matrimonio. De ahí que, puesta en la dura disyuntiva de elegir entre las masas de hielo y una vieja amistad, la presidenta haya optado por lo que optó.