La Corte Suprema de Chile, lo peor de 2008, según activistas de Derechos Humanos

Santiago de Chile.-  El comportamiento de la Corte Suprema chilena al rebajar considerablemente condenas contra militares que cometieron delitos de lesa humanidad durante la dictadura (1973-1990), aparece evaluada como lo peor de 2008 en materia de Derechos Humanos en ese país

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(EFE)

De las 15 sentencias que este año llegaron a la Sala Penal de la Corte Suprema como última instancia revisora, casi todas fueron minimizadas y los condenados beneficiados para que cumplieran las penas en libertad, al igual que sucedió en 2007 con las 21 sentencias que revisó este tribunal.

Es la opinión coincidente que expresaron a Efe los abogados de Derechos Humanos Nelson Caucoto, Hugo Gutiérrez e Hiram Villagra, y la presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), Lorena Pizarro.

Además, los consultados destacan unánimemente que lo mejor ha sido la creciente incorporación a las resoluciones judiciales de conceptos derivados de la legislación penal internacional, que protege los Derechos Humanos y ordena perseguir los delitos contra la Humanidad.

Pero al calificar al Parlamento chileno, éste fue pésimamente evaluado en este área, pues varios tratados internacionales que protegen estos derechos siguen sin ser ratificados por el Congreso, como el que crea la Corte Penal Internacional.

Los abogados y la presidenta de la AFDD sostienen que los congresistas han realizado una deficiente labor para impulsar leyes que fortalezcan la legislación penal para la salvaguarda de los derechos fundamentales violados bajo la dictadura de Augusto Pinochet.

Un aspecto positivo del balance, en opinión de los entrevistados, es el elevado número de ex agentes o ex miembros de las Fuerzas Armadas que no pertenecieron directamente a los servicios de inteligencia que están procesados o condenados.

Según la información oficial aportada a Efe por el Ministerio de Interior, hay 701 ex agentes o integrantes de las Fuerzas Armadas procesados o condenados.

En total, hay 340 causas abiertas, de las que más del 80 por ciento se encuentran radicadas en Santiago.

Desde que se iniciaron los juicios hasta la fecha, 54 militares han sido absueltos o sus casos sobreseídos en los juicios que se instruyen.

De las 15 sentencias que este año llegaron a la Sala Penal de la Corte Suprema como última instancia revisora, casi todas fueron minimizadas y los condenados beneficiados para que cumplieran las penas en libertad, al igual que sucedió en 2007 con las 21 sentencias que revisó este tribunal.

"El comportamiento que está teniendo la Sala Penal de la Corte Suprema es simplemente vergonzoso, pues se trata de una impunidad encubierta que nos hace nuevamente volver a perder las esperanzas de obtener justicia para nuestras víctimas", declaró a EFE Pizarro.

Señaló que "las rebajas no impiden que un reducido número de agentes que conformaron la cúpula de los servicios represivos vaya a la cárcel, pero no fueron sólo diez o veinte personas las que violaron los Derechos Humanos, sino que muchos más, que hoy son beneficiados para cumplir sus penas en libertad", puntualizó.

Para el abogado Nelson Caucoto "con esta conducta de la Sala Penal, el Estado chileno está incumpliendo los compromisos internacionales contraídos, pues las penas que se dictan finalmente no son proporcionales al daño causado a las víctimas y sus familiares".

Sobre la tarea del Parlamento, el abogado Hiram Villagra afirma que "en el Congreso no hay voluntad política para legislar a favor de los derechos humanos, y eso no ocurre sólo porque la derecha traba los debates y la aprobación de lo que se legisla, sino porque la Concertación y el Gobierno no han tenido una política clara en estas materias".

En el mismo sentido, Hugo Gutiérrez sostiene que "el Estado chileno está en deuda con la comunidad internacional al no ratificar tratados cuya ratificación viene siendo postergada por años".