San José.- La nueva ley de tránsito que entró a regir el 23 de diciembre pasado en Costa Rica y que impone sanciones hasta de cárcel para los conductores ebrios, redujo en más de la mitad la cantidad de detenidos por esta causa el mes anterior.
Según datos de la Cruz Roja, durante el 2008 un total de 403 personas murieron a causa de accidentes de tránsito, la mayoría provocada por conductores ebrios.
Datos de la Policía de Tránsito, publicados hoy por la prensa local, señalan que en diciembre pasado los oficiales detuvieron a 450 chóferes pasados de copas, mientras que en el mismo mes de 2007 la cifra llegó a 1.040, para una reducción del 56,7 por ciento.
"Notamos que la gente se está cuidando más. Incluso muchas personas que salieron a celebrar el año nuevo llevaron un chófer designado", el cual no bebe, afirmó el subdirector de la Policía de Tránsito, Huanelgue Gutiérrez.
Según datos de la Cruz Roja, durante el 2008 un total de 403 personas murieron a causa de accidentes de tránsito, la mayoría provocada por conductores ebrios.
La nueva ley de tránsito contempla la detención y un castigo de uno a tres años de cárcel para quienes manejen su vehículo por encima del límite de 0,75 gramos de alcohol por litro de sangre (entre dos y tres cervezas), así como el decomiso del automóvil y la suspensión de la licencia de conducir por dos años.
En su primera detención, a la mayoría de los conductores ebrios se les da la posibilidad de cambiar la pena de prisión por trabajos comunitarios o libertad condicional, pero los reincidentes deberán cumplir el castigo de cárcel.
Los jueces también son los encargados de decidir si los vehículos decomisados pasan a poder del Estado o si pueden ser recuperados luego de concluido el proceso judicial y el pago de una multa que ronda los 500 dólares.
Aunque el mismo presidente de Costa Rica, Óscar Arias, reconoció días atrás que esta es una ley "muy severa", ratificó que es la que el país necesita y que no está hecha para los buenos conductores, si no para los que no atienden las normas.
Esta legislación también castiga con cárcel las carreras clandestinas conocidas como "piques" o a quienes manejen a más de 150 kilómetros por hora, una actitud que ahora es considerada como "conducción temeraria".
Un ciudadano interpuso esta semana un recurso de amparo contra esta ley, pues asegura que el alcoholismo es una enfermedad y que el Estado debe otorgarle tratamiento médico a quienes sean detenidos manejando ebrios en lugar de enviarlos a prisión.
Este recurso aún no ha sido acogido por la Sala Constitucional.
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