Guatemala.- Familiares y víctimas del conflicto armado (1960-1996), así como activistas humanitarios, reiteraron hoy a la Corte Suprema su petición de juzgar a los responsables del genocidio y la desaparición forzada en Guatemala.
Durante una breve protesta las víctimas del conflicto, entre ellas la premio Nobel de la Paz 1992, Rigoberta Menchú, exigieron la plena aplicación de la justicia y el combate a la impunidad. EFE/Archivo
Durante una breve protesta frente a las instalaciones de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), las víctimas del conflicto, entre ellas la premio Nobel de la Paz 1992, Rigoberta Menchú, exigieron la plena aplicación de la justicia y el combate a la impunidad.
Los activistas se refirieron específicamente al caso de la desaparición de ocho personas, el 19 de octubre de 1981, en una aldea del departamento oriental de Chiquimula, hecho por el que son acusados un coronel del ejército y tres ex comisionados militares.
El pasado 12 de diciembre la CSJ resolvió beneficiar con la amnistía al coronel Marco Antonio Sánchez y a los ex comisionados José Domingo Ríos, Gabriel Álvarez y Salomón Maldonado, que son juzgados por la desaparición de las ocho personas, por considerar que el hecho que se les imputa es de "naturaleza política".
Los cuatro aún permanecen detenidos.
En un comunicado, cinco organizaciones de derechos humanos, entre ellas la Fundación Rigoberta Menchú y el Centro de Acción Legal para los Derechos Humanos (Caldh), aseguran que esa resolución es "una clara violación a la ley", porque la Ley de Reconciliación Nacional "no se aplica a delitos de lesa humanidad como el genocidio, la tortura y las desapariciones".
"Pedimos que no se aplique la Ley de Reconciliación Nacional a militares acusados de genocidio y desapariciones, porque ello provoca impunidad", dijo Menchú a los periodistas.
Las víctimas de la guerra y los activistas exigieron a la Corte una aplicación correcta de la justicia a los responsables de los crímenes de lesa humanidad y que no se haga una interpretación "maliciosa" de la ley.
A juicio del director de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado (Odha), Nery Rodenas, los jueces aplicaron "antojadizamente la ley" en el caso de las ocho desapariciones.
"En este proceso está claramente tipificado un delito de lesa humanidad (y) se están tratando de realizar acciones de impunidad que favorezcan a las personas vinculadas a estos crímenes", sostuvo el activista.
Tras la protesta, las víctimas de la guerra, sus familiares y los activistas humanitarios entregaron un documento con su petición al presidente de la CSJ, Rubén Higueros, quien se comprometió a trasladarlo a la Cámara Penal para que tome una decisión sobre el caso.
La guerra interna que sufrió Guatemala entre 1960 y 1996 dejó unas 200.000 víctimas, entre muertos y desaparecidos, según organismos humanitarios.
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