Santiago de Chile.- La organización ecologista Consejo de Defensa de la Patagonia recurrirá a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para lograr frenar el proyecto de HidroAysén, que prevé la construcción de cinco represas en la Patagonia chilena, informó hoy la asociación.
Imagen del 27 de julio de 2008 de activistas de la organización ecologista Greenpeace en la sede de Endesa en Madrid para pedir a esta empresa que abandone sus planes de construir cinco grandes presas en la Patagonia chilena. EFE/Archivo
Esta decisión se produce después de que el pasado lunes la Corte Suprema de Chile confirmó el rechazo del recurso de protección presentado por esa organización en contra de una institución regional que aprobó el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto.
El consorcio HidroAysén, integrado por Endesa Chile y Colbún, impulsa la construcción de cinco represas en el cauce de los ríos Pascua y Baker, en la Patagonia chilena, con una inversión de 3.200 millones de dólares.
En un comunicado difundido este viernes, la organización ecologista explica que recurrirá a la CIDH para "denunciar la violación de los derechos humanos, de igualdad ante la ley y de protección judicial efectiva", reconocidos en la Convención Americana de Derechos Humanos.
El Consejo de Defensa de la Patagonia también anuncia que acudirá a la Comisión de Cooperación Ambiental Chile-Canadá para "denunciar una pauta persistente en el incumplimiento de la legislación ambiental nacional por parte del Estado de Chile.
Marcelo Castillo, abogado de esta plataforma, señala además que la sentencia de la Corte Suprema se pronuncia sólo sobre aspectos formales y no emite ningún juicio adicional sobre el EIA, ni sobre su admisibilidad ni su aprobación.
La Corte Suprema ratificó el pasado lunes la decisión de la Corte de Apelaciones de Coyhaique, a unos 1.720 kilómetros al sur de Santiago, de rechazar el pasado 11 de diciembre un recurso de la asociación en contra de la Comisión Regional de Medio Ambiente.
El recurso se basa en que para construir esas centrales hidroeléctricas se debía considerar el tratado de medio ambiente firmado entre Chile y Argentina en 1991, que exige la existencia de planes generales de utilización de aguas ante proyectos que puedan afectar las cuencas fronterizas.
El estudio ambiental de este proyecto ha recibido 2.643 observaciones de parte de 32 organismos públicos y ha generado las críticas de numerosos colectivos sociales del país, que temen que las represas acaben con parte de la riqueza ecológica de la Patagonia.
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