Lamata dice que el Gobierno prepara una normativa que regulará todos los centros de menores

Toledo.-  El consejero de Salud y Bienestar Social, Fernando Lamata, ha anunciado hoy que el Ministerio de Educación y Política Social va a impulsar una normativa nacional que regule los centros de menores tutelados por la administración y que incluirá algunas de las pautas que ya se siguen en Castilla-La Mancha como la autorización judicial para llevar a cabo el ingreso de un menor.

ampliar foto

(EFE)

El consejero de Salud y Bienestar Social, Fernando Lamata (d), conversa con el director general de la Familia, Matías Segundo (i), instantes previos a comparecer en las Cortes para dar cuenta de la gestión de los centros de menores de la comunidad a raíz del informe del Defensor del Pueblo en el que denuncia prácticas contrarias a los derechos de los menores en varios centros de España.

Lamata ha ofrecido este dato durante su comparecencia esta tarde ante la Comisión de Salud y Bienestar Social de las Cortes, para dar cuenta de la gestión de los centros de menores de la comunidad a raíz del informe del Defensor del Pueblo en el que denuncia prácticas contrarias a los derechos de los menores en varios centros de España, entre los que se cita a dos de Castilla-La Mancha.

El titular regional de Salud y Bienestar Social se ha referido a dicho informe como un documento positivo que ha permitido "la evaluación completa" del sistema de centros terapéuticos especializados en menores con graves problemas de conducta y del que se pueden aprovechar varias propuestas como la diferencia de los centros de protección de los de reforma o la autorización judicial para un ingreso, fórmula esta última que ya se aplica en la región.

Lamata ha insistido en que en el informe del Defensor del Pueblo "no hay denuncia de vulneración de derechos ni de malos tratos a los menores" en los centros "Casa Joven Juan Carlos I", de Azuqueca de Henares (Guadalajara), y "Nuestra Señora de la Paz", de Villaconejos del Trabaque (Cuenca), ya que, de haber sido así, la propia institución del Defensor lo hubiera puesto "inmediatamente" en conocimiento del juzgado de guardia o de la administración.

"Cosa distinta -ha apostillado el consejero- son posibles deficiencias en las metodologías o en las intervenciones terapéuticas, defectos de infraestructuras o de dotaciones de personal en los citados centros, que son mejorables".

Refiriéndose a la recomendación que hace el Defensor del Pueblo de separar los centros de menores de reforma de los de protección, ha indicado que ésta se aplicará en el caso del centro de Cuenca, ya que en el de Guadalajara "no hay jóvenes en situación de reforma".

En cuanto a la autorización judicial para llevar a cabo el ingreso de un menor, ha destacado que, en Castilla-La Mancha, a diferencia de lo que ocurre en otras comunidades autónomas, cuando se produce el ingreso de un menor se informa a la fiscalía y se solicita autorización judicial, por lo que "estamos ante un sistema muy garantista", ha dicho Lamata.

El consejero ha destacado asimismo la profesionalidad del personal que trabaja en estos centros, "con un componente vocacional extraordinario", ha subrayado, y ha resaltado que detrás de cada menor hay un técnico responsable que hace un seguimiento detallado de sus necesidades.

También ha indicado que los dos centros terapéuticos aludidos en el informe del Defensor del Pueblo han sido objeto de distintas remodelaciones físicas y estructurales y adaptaciones reglamentarias y normativas y ha avanzado que no descarta la implementación de nuevas medidas que mejoren los programas y tratamientos que se desarrollan en estos dispositivos.

Lamata ha desglosado la amplia red de recursos sociales que, según sus palabras, han hecho de Castilla-La Mancha una comunidad autónoma a la cabeza en la creación de recursos de atención a menores y a las familias.

Así ha detallado que el Gobierno regional ha puesto en marcha en la región 16 centros de día de prevención e intervención en violencia familiar para detectar las situaciones de riesgo o desprotección.

Además se han destinado más de 2,2 millones al Programa de Acogimiento Familiar mediante el cual un total de 646 menores tutelados pudieron disponer de un hogar y un entorno familiar, lo que supone que el 54 por ciento de estos menores han podido convivir con familias acogedoras que perciben ayudas para que su labor no suponga una merma en la economía familiar.

Por su parte, la portavoz de Salud y Bienestar Social del Grupo Parlamentario Popular, María Crespo, ha hecho hincapié en el turno de preguntas en la "alarma social" generada por el informe del Defensor del Pueblo, lo que, a su juicio, exige explicaciones más detalladas por parte del consejero, aunque, como éste ha insistido, "no se haya producido conculcación de derechos fundamentales".

La diputada del PP ha demandado también inspecciones con mayor periodicidad en estos centros, así como un control más exhaustivo del estado de las instalaciones y de las intervenciones terapéuticas que en ellas se realizan.