Comienza un debate parlamentario sobre la Ley de Caducidad de crímenes en dictadura

Montevideo.-  La Asamblea General de diputados y senadores de Uruguay comenzó hoy a debatir si es inconstitucional la Ley de Caducidad que dejó impunes los crímenes cometidos contra los derechos humanos durante la dictadura, un debate que la oposición considera un "fraude jurídico".

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(EFE)

Los opositores Partido Nacional y Partido Colorado opinan que sólo el Poder Judicial tiene atribuciones en este asunto y alegan además que el Frente Amplio, convocante de la reunión, pretende utilizarlo como arma en la campaña para los comicios generales del 25 de octubre. EFE/Archivo

Los opositores Partido Nacional y Partido Colorado opinan que sólo el Poder Judicial tiene atribuciones en este asunto y alegan además que el Frente Amplio, convocante de la reunión, pretende utilizarlo como arma en la campaña para los comicios generales del 25 de octubre.

Es "una farsa jurídica", afirmó el senador nacional o "blanco" Sergio Abreu.

La convocatoria de la Asamblea General la hizo el jueves pasado el vicepresidente del país y presidente de ese órgano legislativo, Rodolfo Nin Novoa, dos días después de que el Gobierno hubiera manifestado su respaldo a la inconstitucionalidad de tres artículos de la Ley de Caducidad presentada por la fiscal Mirtha Guianze.

"Para este Poder Ejecutivo, la ley es inconstitucional", dijo el presidente Tabaré Vázquez.

La normativa fue promulgada en 1986 y ratificada de nuevo por un referéndum nacional en 1989.

La Ley de Caducidad es considerada por sus detractores como una auténtica "amnistía" a los militares y policías que en tiempos de la dictadura encabezaron la represión y eliminación de la oposición política.

Cuando se pronunció el martes acerca de la inconstitucionalidad de los artículos 1, 3 y 4 de la Ley de Caducidad, el Gobierno se ciñó a su aplicación al caso concreto del asesinato de la militante comunista Blanca Estela Sabalsagaray Curutchet en 1974.

La aceptación de una excepción en la aplicación de esta Ley puede abrir las puertas al enjuiciamiento de los autores de delitos contra los derechos humanos en los años de la dictadura.

Si el Poder Legislativo avala la inconstitucionalidad de la Ley de Caducidad en ese caso presentado por Guianze, el examen pasará a la Suprema Corte de Justicia para que emita su dictamen, pues la decisión que pueda tomar la Asamblea General al respecto no es vinculante.

Este debate sobre la constitucionalidad de la Ley de Caducidad no es nuevo y el Gobierno del Frente Amplio ha interpretado ya la norma desde su subida al poder en marzo de 2005.

De esta manera fue posible el procesamiento en 2006 de varios responsables de la dictadura relacionados con uno de los vuelos clandestinos que, en los años setenta, trajeron por la fuerza a Uruguay desde Argentina a varios disidentes políticos uruguayos.

Con el impulso del Ejecutivo, el juez Luis Charles procesó con prisión a los militares José Nino Gavazzo, Jorge Silveira, Gilberto Vázquez, Ricardo Arab, Ernesto Ramas y Luis Maurente, y a los policías Ricardo "Conejo" Medina y José Sande Lima por el delito de "privación de libertad".

En diciembre de 2007, el ex dictador uruguayo Gregorio "Goyo" Álvarez ingresó en prisión en relación con este mismo caso, ocurrido en 1978, tras ser excluido del amparo de la Ley de Caducidad.

También ha sido excluido de la Ley de Caducidad otro vuelo clandestino en el que en 1976 se trasladó por la fuerza a Uruguay a 25 opositores de izquierda secuestrados en Argentina.

Mientras se reunía la Asamblea General, en las inmediaciones del Palacio Legislativo se concentraban grupos partidarios de la derogación de la Ley de Caducidad y recolectores de firmas para la convocatoria de un referendo al respecto.

Esta campaña para la celebración de una consulta popular destinada a derogar la citada ley ha reunido ya más de 210.000 firmas de las 250.000 necesarias, según indicaron hoy sus responsables.