EL Juzgado de lo Social declara nulo el acuerdo de cierre de Naval Gijón

Gijón.-  El Juzgado de lo Social número 1 de Gijón ha condenado a la empresa Naval Gijón, a la Consejería de Industria de Asturias, al ente Pymar y a los sindicatos UGT y CCOO a indemnizar con 30.050 euros a la Corriente Sindical de Izquierda (CSI) por discriminación sindical y ha declarado nulo el acuerdo de cierre del astillero.

La sentencia considera probada la existencia de una "vulneración del derecho a la libertad sindical" al haber sido la CSI "deliberadamente excluida" de las negociaciones que posibilitaron la aprobación de expedientes de regulación de empleo para la plantilla y el cese de actividad al 31 de mayo próximo.

El juez de Primera Instancia declara además "la nulidad" del acuerdo alcanzado el 5 de diciembre de 2008 "en cuanto afectado por dicha vulneración" y considera "proporcionada a la gravedad de los hechos" la petición de una indemnización de 30.050 euros por "daños morales".

La resolución judicial recuerda que las mismas partes han sido condenadas en dos ocasiones anteriores mediante sentencias firmes por acciones similares y reconoce que "el sindicato demandante ha sido excluido sistemáticamente de las negociaciones".

"La contumacia de los demandados lesiona, más si cabe, de una forma más dolorosa al sindicato demandante, produciendo una sensación de impotencia clara al desoirse anteriores mandatos judiciales, a lo que hay que añadir el crucial momento histórico de la empresa", añade el texto.

El ente Pequeños y Medianos Astilleros en Reconversión y Naval Gijón habían acordado el cierre de la factoría con fecha del 31 de diciembre del año pasado, pero la imposibilidad de entregar el último barco en fecha y la movilización de los trabajadores retrasaron la decisión.

El 5 de diciembre pasado las federaciones del metal de los sindicatos UGT Y CC OO, Pymnar y la dirección del astillero cerraron un acuerdo para la apertura de expedientes de regulación de empleo para toda la plantilla con indemnizaciones de entre 45 y 60 días por año, que fueron aprobados por la Consejería de Industria y Empleo.

La CSI rechazó el acuerdo por considerar que el cierre del astillero forma parte de una operación de "especulación urbanística" en los terrenos que ocupa en primera línea de costa, a pocos metros de la Playa de Poniente y de instalaciones turísticas, como el Acuario y el Centro de Talasoterapia.

En la causa presentada por este sindicato, que tiene un tercio de la representación en el Comité de Empresa de Nagisa, el Ministerio Fiscal había "observado indicios de la vulneración pretendida" y había pedido que se condenara a las partes demandadas con excepción de la Administración.