Buenos Aires.- El Gobierno argentino y la Corte Suprema de Justicia acordaron hoy una reasignación de recursos que permita agilizar los procesos, tras polemizar por el trámite de las causas por crímenes de la última dictadura militar (1976-1983).
La reasignación de 36 millones de pesos (9,8 millones de dólares) del presupuesto judicial permitirá crear unos 750 cargos laborales. EFE/Archivo
Así lo informaron el jefe de Gabinete, Sergio Massa, y el presidente del máximo tribunal del país, Ricardo Lorenzetti, quienes al cabo de una reunión en los tribunales de Buenos Aires aclararon que no se trata de un aumento del presupuesto del Poder Judicial.
La reasignación de 36 millones de pesos (9,8 millones de dólares) del presupuesto judicial permitirá crear unos 750 cargos laborales con los que se pretende reducir los tiempos de tramitación de los juicios.
Tal como pretendía el Supremo, se acordó que los fondos, que ya formaban parte del presupuesto pero correspondían a partidas no ejecutadas, se destinen a la contratación de alrededor de 750 empleados en todo el país.
En una rueda de prensa, Lorenzetti destacó que, además del presupuesto, la creación de los nuevos cargos debe recibir el visto bueno del Parlamento, que -a juicio de Massa- debe "dar trámite" a la cuestión.
El presidente de la Corte dijo que para "mejorar la celeridad" también es necesario "personal para implementar un proyecto de informatización del Poder Judicial" al que también se destinarán fondos reasignados.
"Todos estamos preocupados por la celeridad de los juicios. Esta es una preocupación que tiene mucha relación con los casos vinculados a delitos de lesa humanidad, pero también ese es un derecho de todos los demás ciudadanos", afirmó.
La reunión se llevó a cabo un día después de que la Corte Suprema convocase a los poderes Legislativo y Ejecutivo a poner en marcha una comisión que permita agilizar las causas por violaciones de los derechos humanos cometidos durante la última dictadura.
El alto tribunal adoptó esa resolución luego de enzarzarse en una polémica con el Gobierno de Cristina Fernández, que exigió celeridad en las causas contra los represores y sanciones para los jueces que son ineficaces y dejan libres a los delincuentes.
La primera en responder fue la jueza suprema Carmen Argibay, quien aseguró que si la presidenta argentina quiere que se aceleren los juicios contra los represores, como ha reclamado en más de una ocasión, "que haya más jueces".
La magistrada dijo que "no es cierto" que los poderes Ejecutivo y Legislativo "han hecho todo" en materia de recursos para el sistema judicial y se quejó de que tanto el Gobierno como el Parlamento le recortan el presupuesto.
Con esta respuesta coincidieron otros jueces del alto tribunal, mientras que funcionarios del Gobierno respaldaron las palabras de Fernández.
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