Quito.- El fiscal general de Ecuador, Washington Pesántez, afirmó hoy que no ha encontrado elementos para imputar al presidente colombiano, Álvaro Uribe, por el bombardeo del 1 de marzo de 2008 a un campamento de las FARC en territorio ecuatoriano en el que murieron 26 personas.
Según el fiscal, mientras Ecuador no tenga la lista de los participantes en el bombardeo, conforme a la Ley Procesal Penal, "no se puede pasar a la instrucción fiscal". EFE/Archivo
En una entrevista con el diario El Universo, Pesántez, sin embargo, declaró que "si hay indicios suficientes el fiscal procederá (a imputar a Uribe), pero hasta el momento no ha encontrado elementos para hacerlo".
Según Pesántez, en la actual etapa del proceso de investigación del bombardeo, en el que murió el segundo al mando de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), Luis Édgar Devia, alias "Raúl Reyes", un ciudadano ecuatoriano y cuatro estudiantes mexicanos, "sería irresponsable que se comience imputando al presidente de Colombia".
El Fiscal General explicó que en el caso abierto sobre "el fallecimiento, asesinato o como se quiera llamar a la muerte de 26 personas en Angostura, entre ellas el ecuatoriano Franklin Aisalla" Colombia ha remitido "alguna" información, pero no la lista de "los partícipes de este hecho con caracteres de delito".
"La Fiscalía de Colombia ha dicho que no tiene esos datos. También se pidió la versión del ministro de Defensa colombiano, Juan Manuel Santos, aunque no se ha recabado", añadió Pesántez.
Según el fiscal, mientras Ecuador no tenga la lista de los participantes en el bombardeo, conforme a la Ley Procesal Penal, "no se puede pasar a la instrucción fiscal".
Por ello, "una vez transcurrido el plazo de ley (dos años) tendrá que haber un archivo provisional o llamado a desestimación por no poder recopilar pruebas suficientes. Eso le permitiría a Ecuador presentar ante los organismos internacionales los reclamos pertinentes", apostilló Pesántez.
Aquella operación militar dio lugar, dos días después, a la ruptura de relaciones diplomáticas entre Colombia y Ecuador, ya que éste último consideró que se había violado su soberanía nacional, situación que se mantiene hasta hoy.
Con motivo de ese ataque y con el paso del tiempo y la recopilación de nuevas informaciones en Ecuador hay abiertos tres procesos judiciales, explicó Pesántez en la entrevista.
Uno, con acusación de la Fiscalía y auto de llamamiento a juicio, que recae sobre la mexicana Lucía Morett y las colombianas Martha Pérez y Doris Bohórquez, sobrevivientes al bombardeo y acusadas del delito de "atentado contra la seguridad interna del Estado".
Otro caso es el que se refiere a la muerte de las 26 personas y un tercero es la indagación previa que se abrió contra José Ignacio Chauvín, un ex colaborador del Gobierno de Rafael Correa que afirmó haber mantenido 7 reuniones con el ex guerrillero "Reyes" antes del bombardeo de Angostura.
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