Aprobada la Ley de Montes, que provoca encendidos reproches entre la Junta y el PSOE

Valladolid.-  El pleno de las Cortes de Castilla y León ha aprobado hoy, con los votos favorables del PP y la oposición del PSOE y el Grupo Mixto, la nueva Ley de Montes, cuya tramitación parlamentaria se ha zanjado tras meses de encendidos enfrentamientos dialécticos entre el Gobierno autonómico y los socialistas.

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(EFE)

La titular de la Consejería de Medio Ambiente, María Jesús Ruiz. EFE/Archivo

Los reproches se han reproducido hoy en el parlamento autonómico en un debate protagonizado por la propia titular de la Consejería de Medio Ambiente, María Jesús Ruiz, que ha defendido la bondad del texto aprobado, la procuradora socialista Mónica Lafuente, los populares José Antonio de Miguel y Óscar Reguera, y el portavoz del Grupo Mixto, el leonesista Joaquín Otero.

La consejera ha comenzado su intervención con un lamento por la falta de consenso parlamentario y ha responsabilizado al PSOE de esta situación por "utilizar de forma partidista" esta reforma legislativa y pronunciar "medias verdades y torticeras interpretaciones" del proyecto de ley.

Ruiz ha defendido un texto que tiene una "clara vocación de permanencia" y que se traducirá en la cogestión de los montes de utilidad pública entre la Junta y las entidades locales, pero que "no le quita nada a los propietarios", como denuncia el PSOE.

La titular de Medio Ambiente ha citado a diversos colectivos relacionados con el sector forestal que respaldan el texto legislativo, que en su opinión garantiza la conservación, protección, restauración, fomento y aprovechamientos sostenibles de los montes de Castilla y León.

La procuradora socialista Mónica Lafuente ha insistido en que las entidades locales que hasta ahora gestionaban sus propios montes deberían seguir teniendo este derecho, algo que no ocurrirá con la nueva norma, según el PSOE, que además reprocha a la Junta que no reinvierta en cada monte los aprovechamientos que obtenga de su gestión.

Lafuente ha insistido también en que "ningún artículo de la ley permite que las entidades propietarias tengan voz y voto" para decidir sobre la gestión del monte de utilidad pública.

"Los propietarios no necesitan un patriarca", sino que la Administración "vigile que se cumplen los acuerdos previos", ha dicho la procuradora socialista, que niega que el modelo propuesto por la Junta sea una "gestión compartida", porque se trata de una gestión "centralista".

En esta misma línea crítica se ha mostrado el leonesista Joaquín Otero, quien ha asegurado que, pese a las enmiendas aceptadas, el texto "sigue siento extraordinariamente intervencionista y paternalista" respecto a las entidades locales, para las que ha pedido que no se olvide que son "los propietarios del monte".

Por su parte, el procurador del PP José Antonio de Miguel ha centrado su discurso en los reproches hacia Mónica Lafuente, a quien ha acusado de plasmar en sus intervenciones "el peor estilo del socialismo de mentira y maledicencia".

"Se ha dedicado cuatro meses a mentir en la calle", ha dicho a la socialista De Miguel, quien cree que de haber hecho caso a sus reivindicaciones, la ley se hubiera titulado: "Por el mar corren las liebres, por el monte las sardinas, vamos a contar mentiras tralará".

Al procurador leonesista le ha replicado el leonés Óscar Reguera, quien ha lamentado que Otero se haya "dejado seducir por vientos revolucionarios", en alusión a las protestas vecinales y firmas en contra de la ley, y no haya visto que esta es una ley "razonablemente buena".

Castilla y León cuenta con más de cinco millones de hectáreas de superficie arbolada, que equivale al 31 por ciento de la superficie total de la región está arbolada y que supone el 15 por ciento del total nacional.