La Corte Suprema argentina detiene las motosierras

¿Qué hacer cuándo los gobernantes que deben poner freno al daño ecológico no cumplen con su deber? Protestar, acudir a los medios…. y apelar a los jueces. Esos fueron los pasos seguidos por los indígenas y ecologistas argentinos, empeñados en salvar de la destrucción a casi un millón de hectáreas de bosques. Y con éxito: la Corte Suprema de Justicia, en un fallo histórico, suspendió la tala de árboles en parte de la provincia de Salta, y ordenó al gobierno local realizar un estudio de impacto ambiental.

Greenpeace/Atilio Orellana

Jaguares de Greenpeace detienen una excavadora en la provincia de Salta (norte de Argentina) en julio de 2008

A ese extremo se llegó tras años de protestas iniciadas en el noroeste argentino, y por fin oídas en Buenos Aires. Razón de los reclamos: el brutal desmonte perpetrado en la provincia de Salta, situada en el nordeste del país austral. Allí la tasa anual de pérdida de bosque nativo se duplicó en el período 2002-2006: las 414.934 hectáreas deforestadas representan un 113,45% más que las registradas entre 1998 y 2002, denuncia el informe del Defensor del Pueblo (ver pdf). Actualmente, dicha tasa representa el 80% del promedio de deforestación anual en toda Argentina.

El arboricidio tiene su principal motor en la sed de oro verde. En esa provincia los cultivos de soja pasaron de 100.000 hectáreas en 1990 a cerca de 300.000 a día de hoy. El conflicto suena a historia repetida: los indígenas malvivían en tierras improductivas que nadie quería; de repente los terrenos se valorizaron y los hombres blancos entraron a saco; las autoridades hicieron la vista gorda, y, como de costumbre, las cosas pintaban negras para las 144 comunidades aborígenes afectadas. Pero los tiempos han cambiado: a la lucha se sumaron los jaguares de Greenpeace, activistas montados en motos de motocross que saltan al cruce de las topadoras, y los urbanitas conscientes de que cuando un bosque desaparece, ellos también pierden.

La campaña en contra del desmonte se ha tornado uno de los temas ambientales centrales de la agenda pública nacional. La posible influencia de la tala en las calamitosas riadas sufridas en Tartagal no ha hecho más que acrecentar la preocupación. La Universidad Nacional de Salta ha advertido que, de proseguir los desmontes en la reserva natural, la erosión provocará nuevas avalanchas de lodo sobre las poblaciones vecinas.

La decisión cautelar de la Corte no le sentó bien a algunos. «Toda deforestación tiene su grado de incidencia, aunque en este caso en particular no es determinante", protesta el ministro salteño de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Julio Nasser. «¡Nos impiden desarrollarnos!», se quejan otros. ¿Y quiénes son esos sub-desarrollados a quienes indios y verdes no dejan salir de la miseria?

Principalmente, un puñado de hacendados y empresarios, informa el periodista Jorge Lanata. Entre ellos destacan los hermanos del propio gobernador Juan Manuel Uturbey, propietarios de la compañía forestal JOFA; el senador peronista Alfredo Olmedo, gran terrateniente sojero y promotor de un proyecto de ley que prevé talar hasta cinco millones de hectáreas; y el alcalde de Tartagal, Sergio Leavy, dueño de un importante aserradero. Para quien no lo sepa, el gobernador es un aliado del matrimonio Kirchner, un vínculo que explica la pasividad cómplice del gobierno nacional ante semejante delito de lesa ecología.

Los defensores del bosque han ganado unos asaltos, pero no el combate; se enfrentan a una rosca de intereses que no quiere perder una gran oportunidad de negocios. Lo interesante del caso lo constituye la irrupción del máximo órgano judicial. La intervención de la justicia en materias ecológicas es común en países como Estados Unidos, donde sus sentencias allanaron el avance de la protección del entorno, pero no en Argentina, cuyos jueces estaban, hasta ahora, ausentes en el conflicto ambiental.