Barcelona.- Una treintena de ecologistas han impedido hoy a los trabajadores del Centro de Investigación de Agrogenómica, ubicado en el campus de la UPC, acceder al mismo en protesta por los alimentos transgénicos y han acusado a su director, Pere Puigdomènech, de estar a sueldo de multinacionales.
Una activista de Greenpeace subida al ancla de un buque fondeado en aguas de la costa de Málaga, con el objetivo de impedir la descarga de mercancía de productos transgénicos. EFE/Archivo
Los activistas, entre los que se encontraban numerosos miembros de la plataforma francesa "Faucheur Voluntaire d'OGM" (Segadores Voluntarios contra los Transgénicos) han impedido el acceso al edificio, situado en el número 18 de la calle Jordi Girona, desde las 08.40 hasta las 10.00 horas y han forcejeado con algunos empleados que querían entrar en el complejo.
Los manifestantes portaban pancartas en las que se podía leer "Quiero comer ecológico, no transgénico" o "Puigdomènech, mentiroso a sueldo" y han leído un manifiesto en el que han denunciado la multiplicación de cultivos transgénicos de maíz en Cataluña, que es "la segunda región europea con mayor número de hectáreas dedicadas a estos cultivos".
Mariel Vilella, portavoz del colectivo Transgénicos Fuera, ha declarado que la protesta se enmarca en la "Semana de Lucha contra los Transgénicos y por la soberanía alimentaria", que varias plataformas catalanas han iniciado hoy y que culminará el día 18 en Zaragoza con una manifestación convocada a nivel estatal.
Vilella ha afirmado que "cada vez hay más evidencias de incompatibilidad entre la agricultura ecológica y los cultivos transgénicos", y ha añadido que "estudios realizados por los gobiernos austríaco e italiano en ratones certifican que el consumo de transgénicos provoca infertilidad y daños en el sistema renal y hepático".
Esta portavoz ha asegurado a Efe que las plataformas antitransgénicos cuentan con el apoyo de los doctores universitarios Gilles-Eric Séralini y Rosa Binimelis, ésta última profesora de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), que han realizado estudios científicos que prueban en animales los perjuicios de los alimentos transgénicos.
Vilella ha señalado que con la protesta los colectivos antitransgénicos pretenden presionar al Parlamento catalán para que apruebe la proposición popular presentada el 11 de febrero que pide declarar Cataluña como "región libre de transgénicos", tal y como han hecho ya nueve países europeos, y evitar así una "situación de dependencia de multinacionales como Montsanto, que poseen la patente de las semillas de estos alimentos".
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