Huelva.- La Asociación Mesa de la Ría y De Amicia, han denunciado ante la Fiscalía General de Medio Ambiente y Urbanismo a altos cargos de la Consejería de Medio Ambiente por un delito de prevaricación por la concesión "irregular" de la autorización ambiental integrada a Fertiberia.
Esta autorización permite a la empresa ubicada en el Polo Químico onubense la continuación del vertido de fosfoyesos radiactivos que se acumulan en las marismas junto a la ciudad de Huelva en una cantidad de 120 millones de toneladas.
En declaraciones a EFE, el vicepresidente de la Mesa de la Ría, Aurelio González, ha explicado que la denuncia se ha interpuesto contra la ex delegada provincial de Medio Ambiente en Huelva María Isabel Rodríguez, al considerarla "responsable directa de esta concesión ilegal", y de forma subsidiaria contra la Consejera de Medio Ambiente, Cinta Castillo, y contra la Jefa del Servicio de Legislación, Recursos e Informes de dicho departamento.
La denuncia señala un delito de prevaricación ambiental y genérico "en su modalidad de comisión dolosa o imprudente" debido a que la autorización se concedió contra informes desfavorables.
Entre ellos, el del técnico urbanístico que manifestaba "la prohibición expresa del PGOU de Huelva de vertidos en estas zonas y la obligación de recuperación de las mismas", o el de la propia Dirección General de Costas del Ministerio de Medio Ambiente que considera caducada la concesión.
Según ha explicado González, en la denuncia se ponen en valor las distintas alegaciones, denuncias y recursos realizadas por la Mesa de la Ría además de las alegaciones de otros colectivos como Greenpeace, Ecologistas en Acción y Los Verdes, con documentos que no fueron respondidos ni considerados por los denunciados.
Además, ha indicado, la ilegalidad manifiesta de la AAI concedida se sustenta en el hecho de que se dejaron de lado las múltiples sentencias contra los vertidos de Fertiberia incluida la de la Audiencia Nacional.
González ha manifestado que lo que se pretende con esta denuncia es que la Justicia se pronuncie sobre esa autorización y comprobar, definitivamente, "si fue dada de manera irregular".
Además, pretenden también "tratar de que la situación que se vive en Huelva donde Fertiberia sigue vertiendo fosfoyesos pese a la sentencia de la Audiencia que considera caducada la autorización y la resolución de Costas de 4 febrero que daba a la empresa un plazo de dos meses para presentar un plan de finalización y recuperación de la zona, llegue a su fin, pues no vamos a consentir que se mantenga".
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