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  • Los parlamentarios esperan meses para recibir respuestas del Gobierno
  • En muchas ocasiones el equipo de poder no contesta o lo hace muy vagamente
  • La ministra de Defensa ha recibido quejas de los periodistas
  • Zapatero prometió en la campaña electoral una ley de transparencia
Por PAULA CARRIÓN (SOITU.ES)
Actualizado 20-04-2009 16:49 CET

  • El diputado popular Cándido Reguera Díaz quiere saber desde diciembre las personas desplazadas a la World Travel Market celebrada en Londres en 2008, así como gastos, objetivos y resultados cosechados.
  • La diputada Rosa Díez, de UPyD, quiere saber desde diciembre cómo justifica el Gobierno la posible creación de un Ministerio de Deportes.
  • El diputado socialista Jordi Sevilla tiene la intención de que le aclaren desde 2003 el número de demandantes de empleo inscritos en las oficinas de los servicios públicos de empleo y el INEM.
  • La diputada socialista María Teresa Riera Madurell quiere saber desde 2003 los gastos de los representantes españoles para asistir al Consejo de la Agencia Espacial Europea.

Respuesta de los Gobiernos de entonces (PP) y de ahora (PSOE): Ninguna.

EFE

El Gobierno no contesta, ¿no sabe?

El reglamento del Parlamento español establece la posibilidad de que los miembros de la Cámara pregunten a los órganos de poder del momento. En el caso del Congreso de lo Diputados esta posibilidad, y la obligación a que se conteste, se contempla a partir del artículo 185 del Reglamento de la Cámara. La existencia de dicha recomendación no implica, sin embargo, que los órganos de poder cumplan con lo establecido. Decenas de preguntas se quedan sin contestar. ¿Por qué?

"El Gobierno no puede contestar a todo porque los diputados les avasallan con preguntas", relata un parlamentario socialista. Hasta el momento los diputados han mandado al Gobierno 56.789 preguntas escritas; si a eso le sumamos el resto de iniciativas (preguntas orales, autorizaciones e información de convenios internacionales, etc.) la cifra asciende a 64.524.Tomás Burgos Gallego, diputado por el Partido Popular, corrobora la tesis del socialista. Según Burgos Gallego muchos han entrado en "una carrera absurda para ver quién hace más preguntas y así cubrir la cuota imaginaria que han creado los medios de comunicación, pero es absurdo si no son de calidad".

Colegas suyos como Ángel Acebes, Gabriel Mato o Cayetana Álvarez de Toledo han apostado por la cantidad. El ex ministro de Interior lleva 213 preguntas en esta legislatura, mientras que Álvarez de Toledo ha formulado 46 pero con truco. La mayoría de las iniciativas de esta diputada engloban varias preguntas en una. Por ejemplo, en noviembre la parlamentaria formuló una que englobaba 178 preguntas sobre el número de delitos contra la libertad conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los años 2004 a 2008, relativas a distintos municipios de la Comunidad de Madrid. La contestación del Gobierno, en esta ocasión no se hizo de esperar:

Dado el volumen de iniciativas interesadas por sus señorías, así como la cantidad de información demandada en cada una de ellas, se está trabajando para encontrar la vía idónea que permita facilitar la información de datos referidos a los años 2004, 2005 y 2006.

Burgos Gallego, que pisa los pasillos del Congreso desde 1993, reconoce que muchas de las preguntas que él ha formulado (lleva 66 en esta legislatura) no se han contestado. En una de sus últimas iniciativas parlamentarias, acerca de la dotación de material móvil de la Guardia Civil en la provincia de Valladolid, ha tenido que pedir la solicitud de amparo al presidente de la cámara. "Eso suele funcionar, pero no debería de llegarse a ese extremo", comenta el diputado.

EFE

Los diputados quieren saber.

El reglamento de la Cámara establece que la contestación a las preguntas escritas (la mayoría son de este tipo) "deberá realizarse dentro de los veinte días siguientes a su publicación, pudiendo prorrogarse este plazo a petición motivada del Gobierno y por acuerdo de la Mesa del Congreso, por otro plazo de hasta veinte días más". Un rastreo por la web del Congreso —en el apartado de iniciativas parlamentarias— muestra que no es así en muchas ocasiones.

Desde Unión del Progreso y Democracia (UPyD) cuentan que las preguntas que no les suelen contestar son las relativas a asuntos policiales. La diputada Rosa Díez, que representa a este grupo político, ha formulado 116 preguntas a lo largo de esta legislatura y, tal y como confirman a esta web, en muchas ocasiones han tenido que pedir el recurso de amparo. Según su experiencia, el Ejecutivo suele tardar una media de seis meses en contestar si eres afortunado. "En otras ocasiones o te lo niegan o te dicen que esa información no se puede dar", concluyen.

Gaspar Llamazares, de Izquierda Unida, carga contra el Gobierno. "Teóricamente tienen que contestar pero a veces no lo hacen. Hay algunas que me las han contestado ocho meses después", dice el anterior líder de su grupo parlamentario. Llamazares, que según consta en el registro del Congreso ha efectuado 526 iniciativas escritas en esta legislatura, considera que algunas de las preguntas que se hacen son poco relevantes. Las interpelaciones sobre gastos, "que suele hace mucho el PP", no son santo de su devoción.

A vueltas con los gastos

La polémica sobre los gastos del Estado está, sin embargo, en la cámara alta. Pablo Ximenez Sandoval publicaba en El País la semana pasada que el Gobierno contestó de forma muy vaga a una pregunta del senador popular Agustín Almodóbar sobre cuál había sido el coste con cargo a las arcas del Estado de la participación de España en la cumbre de Washington y por cuántas personas estaba formada la delegación española.

Desde Presidencia explican que siempre contestan a las preguntas de los parlamentarios y que lo hacen de la forma que consideran más oportuna.

Según publicó el periodista, la respuesta (la pregunta se formuló dos veces) en ambas ocasiones fue: "lo habitual". No es la primera vez que el ejecutivo, esté quien esté en el poder, contesta de un modo tan esquivo. En el Congreso de los Diputados, la popular Dolors Nadal preguntó cuánto desembolsó el Estado para que la vicepresidenta primera del Gobierno visitara Iberoamérica en el año 2008. La respuesta del Ejecutivo fue que "el coste de los viajes fue el imprescindible para llevar a cabo el programa previsto". En otras ocasiones incluso, como cuando se quiso indagar sobre la financiación de los gastos de la excursión a Roma por miembros del Gobierno para ver la canonización de Escrivá de Balaguer en 2003, se remite a una página del Boletín Oficial (la 203 en este caso) que no existe.

¿Por qué son tan vagas las respuestas? Fuentes del ministerio de la Presidencia, que es el encargado de dar cuenta de las contestaciones a los diputados a través de la secretaría de Estado de relaciones con las Cortes, relatan que siempre contestan pero que lo hacen como les parece más oportuno. Además, "las preguntas parlamentarias siempre se responden en esa línea". Desde la organización Pro Acceso, sin embargo, dicen que esto no es en absoluto así ya que "en la última legislatura el Gobierno decidió no contestar a ninguna pregunta del PP".

La búsqueda de la transparencia

Los diputados de uno y otro color político se quejan de que el Ejecutivo no contesta a sus preguntas. Burgos Gallego, por ejemplo, considera que no contestar "es una limitación objetiva del derecho del parlamentario de hacer un control a las actividades del Gobierno", y además, exige que así se haga ya que son la representación de los ciudadanos.

La ministra Carme Chacón sólo ha convocado una rueda de prensa en los 11 meses que lleva en el cargo, según la Apdef.

No son los únicos que buscan transparencia. La coalición Pro Acceso lleva años demandando el derecho de acceso a la información como un derecho humano. Según esta asociación, España y Grecia son los dos únicos países de la Unión Europea con más de un millón de habitantes que no tienen una ley específica reguladora del derecho de acceso a la información. Durante la campaña electoral y por última vez el octubre pasado, Zapatero se comprometió a poner en marcha una nueva ley "que garantice el mayor acceso posible a la información pública en España" en esta legislatura. "Desde entonces no se ha sabido nada más", explica la portavoz de Pro Acceso, Eva Moraga.

"Necesitamos una cultura más abierta de los funcionarios. Que exista una voluntad de dar la información en lugar de negarla a priori", comenta Moraga. Aunque a juicio de Pro Acceso son pocos, algunos pasos sí se están dando. Las Cortes acaban de anunciar que se harán públicas en breve las actividades privadas de diputados y senadores, después de la polémica que se desató acerca del pluriempleo de sus señorías.

Algunos miembros del Ejecutivo, sin embargo, no han interiorizado del todo la cultura de la transparencia. La Asociación de Periodistas de Defensa (Apdef) se ha quejado recientemente de que la titular de Defensa, Carme Chacón, es poco accesible para los medios de comunicación. "En los 11 meses que lleva de ministra sólo ha hecho una rueda de prensa aunque en Defensa dicen que han sido cinco", explica el presidente de la asociación, Manuel de Ramón. Desde la asociación protestan porque la mayoría de las convocatorias son sólo para gráficos y no pueden preguntar, algo que no ocurría con sus antecesores en el cargo: Bono y Alonso. ¿Cambiará la prometida ley de Zapatero estas desinformaciones?

Para saber más:

  • Consulta otro reportaje sobre el derecho a la información pública en soitu.es.
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