Los diputados aceptan pasar por rayos X

El peso de la opinión pública ha acabado forzando un cambio en el secretismo que rodea las actividades con que nuestros políticos complementan su sueldo de diputados. A partir de ahora se harán públicos sus trabajos extraparlamentarios. El Congreso ha cedido a las demandas de transparencia, a pesar de lo que incomoda a muchas de sus señorías airear sus labores privadas. Sin embargo, la comisión del Estatuto del Diputado no dispondrá todavía de capacidad para investigar si las actividades declaradas resultan incompatibles con el cargo.

La bola está ahora encima de la Mesa del Congreso, el órgano de decisión que tendrá que encontrar la mejor manera de hacer públicas las polémicas ocupaciones que los diputados desarrollan al margen de su trabajo en la Cámara Baja. Hoy se ha concretado el primer paso, que ya anunció hace tres semanas la comisión —cuya función es valorar las actividades de sus compañeros y presentarlas al pleno para que se aprueben— presidida por el socialista Francesc Vallés. La propuesta inicial del PSOE era colgar en la web del Congreso esa información que, aunque supuestamente se podía solicitar, a la hora de la verdad era muy difícil de conseguir a no ser mediante filtraciones. La Mesa debía autorizar la consulta de dos o tres nombres a lo sumo y está debía realizarse delante de un funcionario y sin opción a tomar nota.

Al final, se harán públicos los dictámenes de la comisión pero no las declaraciones de actividades que los diputados están obligados a presentar al tomar posesión de su escaño pues según ha alegado Vallès en rueda de prensa esa información contiene "asuntos personalísimos" . También se persigue establecer unos límites más estrictos que los actuales lo que evitaría que algunas de las ocupaciones de una minoría de sus señorías enturbien la labor de la mayoría. De hecho, en la última votación que tuvo lugar en marzo, 90 de los 350 diputados se rebelaron y se abstuvieron o votaron en contra de aprobar las solicitudes de pluriempleo de 78 colegas entre los que se encontraban Fernando López Amor, consejero de una empresa que gestiona derechos de fútbol o Michavila, gestor patrimonial. A pesar de haber dado este primer paso, son numerosos los diputados molestos ante la exigencia de transparencia pues consideran que cumplen con su obligación intensivamente y se sienten bajo sospecha sin haber dado pie a la duda. Los plenos en los que se votan los dictámines dejarán de ser también secretos.