La Fiscalía y Chamizo alertan de la "sensación de impunidad" ante los delitos urbanísticos

Granada.-  La Red de Fiscales Medioambientales de Andalucía y la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz han alertado hoy de la persistencia de "cierta sensación de impunidad" respecto a la ejecución de construcciones ilegales en suelos no urbanizables que todavía que existe en la comunidad.

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(EFE)

El Defensor del Pueblo andaluz, José Chamizo (i) y el fiscal superior de Andalucía, Jesús García Calderón, durante la rueda de prensa que ofrecieron hoy en Granada con motivo de la celebración de la quinta Jornada de Trabajo organizada por ambas instituciones y dedicadas a los delitos contra el patrimonio histórico, medioambiente y la ordenación del territorio.

Ésta es una de las conclusiones alcanzadas durante las quintas jornadas de trabajo que han reunido hoy en Granada a representantes de ambas instituciones para analizar la protección del medioambiente, el ordenamiento del territorio y el patrimonio cultural.

Tanto a los fiscales como al Defensor del Pueblo Andaluz les "llama la atención" que algunas de las agresiones medioambientales que han motivado la intervención del Ministerio Público y los jueces "no habían sido denunciadas ni por los responsables municipales ni por la autoridades autonómicas".

Además, han recordado la "necesidad" de que las empresas suministradoras no faciliten sus servicios hasta que las edificaciones cuenten con las autorizaciones pertinentes, así como que los notarios y registradores "extremen" su actuación para impedir las parcelaciones ilegales en suelo no urbanizable.

"Las administraciones públicas aún tienen que seguir muy pendientes para que no se relaje el ámbito de la inspección y se restablezca la legalidad urbanística", ha asegurado el Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo.

Respecto a la protección del patrimonio histórico de la comunidad, el coordinador de los fiscales de Medio Ambiente, Ángel Núñez, ha apostado por una "urgente reforma" de la normativa en esta materia, ya que "resultan más baratas las sanciones penales que las sanciones administrativas".

A su juicio, tampoco existe una adecuada tipificación de las conductas delictivas relacionadas con este ámbito, como el expolio, lo que obliga a recurrir a conceptos como el de daños, robo o hurto, que luego plantean problemas en el dictado de sentencias condenatorias.

El asesor del Área de Medio Ambiente de la Oficina del Defensor, Ignacio Aycart, se ha referido especialmente a las "reiteradas" denuncias efectuadas por asociaciones culturales de Baza (Granada) relativas al patrimonio en el casco histórico de esta localidad con un gran número de bienes catalogados.

Según ha manifestado, en ellas se informa, "con aportaciones gráficas", del mal estado y situación de conservación en el que se encuentran todos estos bienes, por lo que ha criticado la "falta de actuación" de las administraciones implicados en su cuidado -Consejería de Cultura y Ayuntamiento- para evitar situaciones de derrumbe o demolición.

Otras de las conclusiones de esta reunión han sido la conveniencia de garantizar un "aprovechamiento sostenible" de un recurso "tan necesario como escaso" como el agua, el "temor" a que "se relajen" las medidas de protección en las autorizaciones ambientales para fábricas potencialmente contaminantes y la contaminación acústica.

Precisamente en este ámbito, los fiscales medioambientales y el Defensor del Pueblo Andaluz han pedido a la sociedad y a los poderes públicos que "se tome conciencia de una vez por todas" de sus efectos "perversos".

Por su parte, el Fiscal Superior del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Jesús García Calderón, ha calificado como "extremadamente valiosa" la reunión anual que mantienen ambas instituciones al considerar que mejora el desarrollo de su labor.