Más de cuarenta colectivos apoyan un manifiesto contra la tortura y las ilegalizaciones

Pamplona.-  Más de 40 colectivos y asociaciones se han adherido al manifiesto en contra de la tortura y de las ilegalizaciones que han elaborado familiares de jóvenes navarros que han sido detenidos o imputados por su presunta vinculación con Segi o Ekin o por su participación en actos de "kale borroka".

ampliar foto

(EFE)

Manifestación celebrada en enero de 2008 en Pamplona en contra de la tortura, en relación con las denuncias presentadas en ese sentido por los presuntos miembros de ETA Igor Portu y Martin Sarasola. EFE/Archivo

Representantes de las diferentes organizaciones sociales, culturales y sindicales que se han adherido al manifiesto han comparecido hoy en una rueda de prensa en la que han expresado su apoyo tanto al manifiesto como a la manifestación convocada para el próximo 16 de mayo en Pamplona, bajo el lema "No a las torturas, no a las ilegalizaciones, sí al posible desarrollo de todos los proyectos".

En el acto han estado acompañados por un representante de los familiares de los jóvenes detenidos, Enrique Miranda, quien se ha mostrado "realmente orgulloso de la respuesta social" que está obteniendo su iniciativa.

Entre quienes se han adherido al manifiesto y a las movilizaciones figuran coordinadoras culturales, sindicatos como LAB, ELA, ESK, CGT o STEE-EILAS (en este caso ha mostrado su apoyo al documento), organismos como SOS Racismo, Movimiento de Objeción de Conciencia o Movimiento pro Amnistía, junto a colectivos de diversa índole.

Además, según ha informado Miranda, la Asamblea de Cooperación por la Paz va a difundir por todo el Estado el dossier y el manifiesto, al igual que Amnistía Internacional que además va a enviarlo a su sede central en Londres.

En ese manifiesto los familiares de los jóvenes detenidos recogen sus demandas y explican que "desde el 24 agosto se han detenido en Navarra a 20 personas bajo la acusación de ser de Segi, de Ekin o de participar en la kale borroka", y de ellas 18 han sido incomunicadas, 15 han denunciado haber sufrido torturas y tres de éstas han tenido que pasar por el hospital. Además, añaden, "la policía española ha construido imputaciones contra otras 25 más".

El documento recoge que pese a que la versión oficial habla de la detención de "peligrosos terroristas", se trata de "personas activas y trabajadoras en diferentes ámbitos de sus pueblos y barrios, realizan un trabajo público en diferentes ámbitos para cambiar esta sociedad, para construir una sociedad más justa".

Por todo ello exigen al Estado que derogue "la ley que posibilita la incomunicación como se lo exige el último informe de la ONU como medida más eficaz para acabar con la tortura", así como las leyes que "permiten la ilegalización de organizaciones sociales y políticas como medida más eficaz para acabar con la conculcación de derechos elementales".

Además piden que se permita "desarrollar en igualdad de oportunidades y condiciones cualquier proyecto social, cultural o político sin más topes que la capacidad de cada cual para sacarlos adelante".