Las fiscalías tienen relaciones poco fluidas con la Administración

Salamanca.-  La Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo pone de manifiesto que las relaciones con la Administración son poco fluidas en Castilla y León, al tiempo que destaca la escasez de medios que sufre esta entidad, según se revela en su memoria de 2008 a la que ha tenido acceso Efe.

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(EFE)

Frente a estas deficiencias en las relaciones con las administraciones, las Fiscalías de Castilla y León, como las del resto de España, han destacado la cordialidad existente entre ellas y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y, de forma más concreta, alaban la labor del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil. EFE/Archivo

Aunque no hace un análisis regional, las conclusiones que llegan en el ámbito local son poco halagüeñas, según se refleja en las memorias de los fiscales de cada provincia.

Así, el caso más llamativo es el de León, cuya Fiscalía "sigue poniendo de manifiesto" que las relaciones con las administraciones, tanto locales como regionales "son muy poco fluidas".

Incluso llega a acusar a la Administración de ser, en muchos casos, "la razón del retraso en la finalización de las distintas diligencias de investigación que se abren en Fiscalía".

En esta línea, el Ministerio Público de León añade que cuando se pide a la Administración un informe determinado de alguna materia que pueda ser "incómoda" la contestación "suele tardar meses".

Las críticas se dirigen a la Junta de Castilla y León cuando afirma que "es habitual el enfrentarse al 'venga usted mañana' y mientras tanto el tiempo van pasando y las actividades, en ocasiones fuera de la legalidad, van continuando".

Respecto a las relaciones de la Fiscalía de León con los ayuntamientos, tampoco son fructíferas, ya que según se revela en la memoria de 2008 pueden contestar "que una determinada explotación ilegal está dando riqueza al municipio y que debe continuar", lo que lleva a pensar al Ministerio Público que son un "ente bastante molesto y perturbador para la Administración".

Otras fiscalías son también beligerantes por lo que se refiere a las relaciones con ayuntamientos y comunidad autónoma.

Así, la Fiscalía de Ávila dice que "en algunos asuntos, en los que aparecen implicados miembros de la Administración, la información llega tarde, cuando llega"; la de Burgos se refiere a una mejora en las relaciones, aunque señala que antes era "escasa"; o la de Valladolid, que apunta que las relaciones con las autoridades locales "brillan por su ausencia".

La Fiscalía de Salamanca habla de "relaciones correctas" con la Administración a todos los niveles, si bien dice que con las autoridades locales son "más complicadas", por lo que se propone "mantener relaciones personales con los responsables municipales" en materias medioambientales.

Frente a estas deficiencias en las relaciones con las administraciones, las Fiscalías de Castilla y León, como las del resto de España, han destacado la cordialidad existente entre ellas y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y, de forma más concreta, alaban la labor del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil.

La Memoria de la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo, que coordina el fiscal Antonio Vercher, revela una importante escasez de medios materiales y humanos en las distintas fiscalías de Castilla y León.

La de Burgos, Zamora o Valladolid han reclamado un sistema informático que "obligara al registro correcto de todos los asuntos de la sección" y, además, un programa de ordenador que facilite el "acceso a los datos registrados en los diferentes juzgados".

La falta de medios técnicos es destacada en Palencia, donde no se utiliza ninguna aplicación informática en la especialidad de Medio Ambiente, mientras que la Fiscalía de Salamanca desvela la existencia de "pocos" fiscales y funcionarios y la de León, que incluso "carece de un funcionario que realice las labores burocráticas.

La Fiscalía de Ávila es especialmente crítica al señalar que "la falta de medios no se puede suplir a base de entusiasmo e interés por esta materia tan exigente".

En números, las fiscalías de Castilla y León iniciaron 36 diligencias de investigación relacionadas con la ordenación del territorio y el urbanismo; 15 por Medio Ambiente; otras 15 investigaciones relacionadas con la flora y la fauna de la región; 12 por incendios forestales y otras dos por cuestiones relacionas con el patrimonio histórico.

En total, el pasado año se firmaron cuatro sentencias condenatorias por incendios forestales; otras dos por medio ambiente y flora y fauna y una por malos tratos a animales domésticos.