Bogotá.- El Gobierno colombiano negó hoy la posibilidad de implicación de funcionarios del Ejecutivo en una campaña de escuchas y seguimientos ilegales a magistrados y opositores al presidente Álvaro Uribe.
La Secretaría de Prensa de la Casa de Nariño, rechazó una publicación que relacionaba a dos altos cargos con las interceptaciones por parte de la central de inteligencia (DAS). En la foto el secretario de esta dependencia, César Mauricio Velásquez. EFE/Archivo
En un comunicado divulgado en la Casa de Nariño, sede del Ejecutivo en Bogotá, la Secretaría presidencial de Prensa rechazó una publicación que relacionaba a dos altos cargos con las interceptaciones por parte de la central de inteligencia.
Hace cinco días el Canal RCN de la televisión privada sostuvo que el antiguo jefe de Contrainteligencia del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS, estatal), Jorge Alberto Lagos, había vinculado con el escándalo al secretario general de la Presidencia, Bernando Moreno, y al hasta hace poco asesor principal de Uribe, José Obdulio Gaviria.
La Secretaría de Prensa advirtió de que este medio recogió, sin prueba alguna, una supuesta declaración rendida ante la fiscalía por Lagos.
"La transmisión del Canal RCN produjo gravísimos daños a la integridad moral de los funcionarios calumniados y de sus familias, a la armonía entre las instituciones del Estado colombiano y a su Gobierno", denunció la misma dependencia.
Asimismo, resaltó que esta versión es desmentida por Lagos y el ex jefe de Inteligencia del DAS Fernando Tabares en declaraciones que rindieron ante la fiscalía y cuyas transcripciones fueron conocidas por el diario bogotano El Tiempo.
Según el periódico, Lagos y Tabares "nunca recibieron instrucciones de la Presidencia para realizar seguimientos ilegales a políticos, periodistas o magistrados", añade la Secretaría de Prensa.
La polémica se corresponde con unas denuncias periodísticas que datan del pasado febrero y que implican al DAS en una campaña de seguimientos y escuchas a magistrados, en particular de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y a opositores a Uribe.
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