El PP propone que directores generales y delegados sean funcionarios de carrera

Sevilla.-  El presidente del PP-A, Javier Arenas, ha presentado hoy una iniciativa sobre Profesionalización, Austeridad y Código de Buen Gobierno en la Administración andaluza, en la que se recogen medidas como que los directores generales y los delegados provinciales sean funcionarios de carrera de la administración.

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(EFE)

El presidente del PP-A, Javier Arenas. EFE/Archivo

La iniciativa, que ha sido presentada hoy en un acto público con cargos políticos del partido, pretende acabar con el "despilfarro" de la Junta de Andalucía en unos momentos en los que los andaluces están soportando el peso de la crisis económica, y "dar ejemplo" en una comunidad con casi un millón de parados.

"En la comunidad con más paro de España y con menos convergencia con Europa no podemos tener la administración con más burocracia y más altos cargos", ha afirmado Arenas, quien ha señalado que, además de "ridícula", la medida de la Junta de reducir el 5 por ciento de los altos cargos, supone "un engaño" a los andaluces.

Arenas ha denunciado la "trampa" que supone, a su juicio, que al mismo tiempo que anuncia la reducción del 5 por ciento de los altos cargos, los que salen de determinadas áreas son "colocados" en otras distintas, en empresas públicas e incluso en cajas de ahorro, algo que ha comparado con lo hecho por el gobierno gallego, con una reducción del 47 por ciento, y el País Vasco, con el 20 por ciento.

La propuesta del PP plantea también que los secretarios generales técnicos de las consejerías dejen de ser considerados altos cargos de la administración y que sus funciones recaigan sobre la Jefatura de la Asesoría Jurídica de cada consejería.

La política de austeridad y el "adelgazamiento de la administración" debería traducirse, según ha explicado Arenas, en la reducción a diez del número de consejerías, rebajar en un 50 por ciento el número de altos cargos y disminuir en un 25 por ciento los puestos de libre designación.

En este sentido, ha apostado por una Consejería de Presidencia, Administración Local y Justicia, que asumiría las competencias de Gobernación; una de Economía, Hacienda y Comercio; Educación, Juventud y Deporte; Vivienda y Ordenación del Territorio; y Aguas, Medio Ambiente e Infraestructuras.

También contaría con una Consejería de Igualdad de Oportunidades, Empleo e Inmigración; de Salud y Bienestar Social; Innovación, Empresa y Universidad; Cultura y Turismo; y Agricultura, Pesca y Ganadería, según el presidente del PP-A, que se ha comprometido a ponerlas en marcha si logra ser presidente de la Junta.

Otras medidas de la proposición no de ley es la rebaja a la mitad del número de delegados provinciales de las consejerías, de modo que se fije en un máximo de siete por provincia ante la concentración de competencias, por lo que ha pedido al presidente de la Junta, José Antonio Griñán, que siga el ejemplo de otras comunidades.

Según Arenas, la comunidad de Madrid ha pasado de 15 a 10 consejerías; la de Murcia de 12 a 9; la de Castilla-La Mancha de 14 a 10, la de Galicia de 13 a 10, y el País Vasco de 11 a 10.

Arenas ha defendido fijar unos criterios objetivos en las retribuciones de los altos cargos de la administración andaluza y organismos dependientes, así como en los órganos de extracción parlamentaria con participación mayoritaria de la Junta de forma que alcancen, como máximo, el nivel retributivo del presidente.

Garantizar el cumplimiento de los principios de legalidad, igualdad y no discriminación, publicidad, concurrencia y transparencia en todos los contratos civiles, laborales, mercantiles y administrativos celebrados por la Administración de la Junta es otra de las medidas recogidas en la iniciativa.

Igualmente, el PP propone garantizar el acceso de los ciudadanos al Empleo Público, así como su promoción, bajo los criterios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad.

El PP reclamará la elaboración de un Código de Buenas Prácticas del Gobierno que contemple la reducción de gastos de protocolo y representación; de obras de rehabilitación y reposición en despachos; de alquileres; de gastos en publicidad y propaganda; de viajes y de personal adscrito al gabinete de las consejerías; así como un plan de ahorro energético.