Un tribunal da la razón al Estado en su lucha contra la comuna de Christiania

Copenhague.-  La Audiencia Nacional del Este de Dinamarca dio hoy la razón al Estado danés en su litigio con las más de 800 personas que residen en Christiania que reclaman su derecho a vivir de forma indefinida en este asentamiento de inspiración anarquista del centro de Copenhague y ocupado desde hace 38 años.

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(EFE)

Imagen tomada en 2005 en la que tres habitantes de Christiania, la célebre comuna de Copenhague heredera de mayo del 68, lucen atuendos con los colores amarillo y rojo para celebrar el 34º aniversario de la creación de su "ciudad" en la capital danesa. EFE/Archivo

Los tribunales rechazaron la demanda colectiva de Christiana y las individuales de 700 habitantes, que consideraban ilegal la reforma de la "Ley de Christiania" aprobada por el Gobierno en 2004.

Esa reforma rescindió su derecho colectivo de usufructo de esta zona de 34 hectáreas propiedad del Ministerio de Defensa, ahora transferida a la Agencia de la Propiedad Estatal, que había sido reconocido parcialmente por el Estado en la década de 1980.

La Audiencia recordó que en una sentencia del Supremo de 1978 había quedado fijado que los "christianitas" no tenían un derecho de usufructo tal que impidiera a Defensa pedir el desalojo del área y que lo que las autoridades aceptaron luego fue su permanencia temporal, que podría ser anulada con seis meses de antelación.

Las declaraciones "genéricas" sobre la cuestión de varios ministros en años posteriores, que Christiania considera una forma de aceptación de su derecho irrevocable, estaban sujetas al cumplimiento de varias condiciones, como la legalización de la zona, e iban dirigidas al Parlamento, por lo que no se deben entender como la concesión de un derecho indefinido, señaló la sentencia.

Que el acuerdo de 1991 y otros posteriores reconozcan el derecho de uso a sus habitantes no significa que fuera indefinido, según la Audiencia, que tampoco considera que deba anularse la ley de 2004 porque la orden de desahucio fue emitida sólo seis meses antes.

La Audiencia resaltó que ese plazo fue fijado en una orden de 1979, y aunque reconoce que debía haberse ampliado, dados los posteriores acuerdos, no considera que sea suficiente para anular la ley, ya que ésta incluye un período de transición de hasta 5 años en que los habitantes pueden legalizar su situación.

La sentencia fue recibida con abucheos en la sala por decenas de "christianitas", que esta noche discutirán en asamblea si apelan al Supremo, lo que podría paralizar el proceso durante dos años más.

El juicio, iniciado en diciembre pasado, ha culminado 4 años de negociaciones frustradas, a pesar de que incluso la fundación Realdania aceptó comprar toda la superficie edificable y respetar el carácter de "experimento social" del asentamiento.

En la base del desacuerdo subyace una cuestión ideológica: el Estado no acepta el derecho de usufructo colectivo, que Christiania controle la ampliación ni que siga funcionando de forma asamblearia.

Las autoridades quieren cambiar la forma de organización, hacer contratos de propiedad individuales y ampliar la superficie edificable, aunque han abandonado ideas iniciales como la de derribar un tercio de las casas existentes.

Los "christianitas" pagan a la caja común de la "ciudad libre", ocupada en plena explosión de "mayo de 1968", una cuota por el usufructo, aparte de abonar al ayuntamiento los servicios de luz, alumbrado y recogida de basuras.

Christiania ya perdió un caso en los tribunales en 1978, tres años después de haberse aprobado su desalojo, pero las movilizaciones masivas a su favor convencieron al Parlamento de aplazar esa medida e incluso sancionar en 1982 su derecho a vivir allí indefinidamente.

En 1989 se aprobó la "ley Christiania", que aceptó conservar el asentamiento, supeditado a una futura legalización y normalización, y que fue reformada en 2004 por el actual Gobierno liberal-conservador, cuyo objetivo declarado ha sido siempre "normalizar" una de los símbolos más reconocibles de Copenhague.