Managua.- Unas 500 mujeres pidieron hoy en Managua que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Nicaragua se pronuncie a favor de la restitución del aborto terapéutico, informaron organizadoras de la movilización.
La concentración, que duró unas cinco horas, fue vigilada a prudente distancia por la policía, mientras las mujeres desplegaron mantas y pancartas para demandar la restitición de dicha práctica. EFE/Archivo
Las fuentes informaron a Efe de que la marcha la encabezó la Red de Mujeres Contra la Violencia (RMCV), en el marco del Día Mundial de Acción para la Salud de las Mujeres, frente al edificio de la CSJ, en la periferia norte de Managua.
La concentración, que duró unas cinco horas, fue vigilada a prudente distancia por la policía, mientras las mujeres desplegaron mantas y pancartas para demandar que la CSJ dicte un fallo pronto sobre los recursos de inconstitucionalidad interpuestos contra la penalización del aborto.
El secretario de la CSJ, Rubén Montenegro, recibió a una delegación de las mujeres, les informó de que ya existe un proyecto de sentencia en la Sala Constitucional del máximo tribunal y les aconsejó "esperar a que los magistrados vean" esa propuesta.
El primer recurso de inconstitucionalidad contra la ley que derogó el aborto terapéutico en octubre de 2006 fue presentado ante la CSJ por unas 200 mujeres en marzo de 2008 y el segundo en septiembre del mismo año por otro centenar de féminas.
Organizaciones como el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), el Grupo Estratégico por la Despenalización del Aborto, la Campaña 28 de Septiembre por la Despenalización del Aborto, Sociedades Médicas y el Movimiento Autónomo de Mujeres, entre otras, también han interpuesto recursos de inconstitucionalidad.
Una portavoz de la RMCV, Darling Munguía, señaló que en los recursos presentados ante la CSJ se ha documentado que la ley aprobada por la Asamblea Nacional "viola la Constitución" de Nicaragua, que es respetuosa de los derechos individuales.
Las manifestantes, en un pronunciamiento escrito, demandaron a los seis miembros de la Sala Constitucional de la CSJ que al emitir su fallo "retomen el conocimiento científico y de derechos humanos, y no ideologías religiosas o fundamentalistas".
Insistieron en que los magistrados "emitan sentencia de manera inmediata y en estricto apego a derecho, consagrados en la Constitución Política nicaragüense y en la jurisprudencia internacional ratificada por el país".
Señalaron que "la negación del aborto terapéutico como un servicio de salud excluye a las mujeres de la protección que el Estado debe garantizarles y las somete a buscar servicios ilegales e inseguros que comprometen aún más su salud y su vida".
La Iglesia católica de Nicaragua se opone a que el Gobierno restablezca la figura del aborto terapéutico en el Código Penal.
Según la reforma hecha al Código Penal en 2006, la mujer que se someta a cualquier tipo de aborto en Nicaragua pagará una pena de cuatro a ocho años de prisión.
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