Francia reconoce a las víctimas de sus ensayos atómicos

A todos los Estados le cuesta horrores reconocer sus errores (sobre todo los escritos con sangre), y el francés no escapa a la regla. Durante décadas se negó a asumir la más mínima responsabilidad por la irradiación sufrida por decenas de miles de personas a raíz de sus test de bombas nucleares. Por fin, ha reconsiderado su actitud y este martes 30 la Asamblea Nacional aprobará un proyecto de ley propuesto por el Ministerio de Defensa que prevé indemnizar a los afectados… aunque no a todos.

Pierre J. (Flickr)

Prueba termonuclear francesa en Polinesia.

En su persecución de la 'grandeur atomique', Francia realizó en el periodo 1960-1996, 210 tests nucleares, 17 de ellos en el Sáhara argelino (durante la ocupación colonial) y 193 en la Polinesia francesa. De ese total, 50 eran atmosféricos —o sea, generadores de lluvia radiactiva—, equivalente a casi un 10 por ciento de las 540 pruebas atmosféricas ejecutadas en todo el mundo. Según el informe adjunto al mencionado proyecto de ley, unas 150.000 personas (entre civiles y militares) presenciaron las explosiones, 70.000 de las cuales pudieron haber recibido radiaciones en diversa cuantía.

Con los años, algunos de esos participantes en las pruebas desarrollaron alteraciones típicas de la exposición a las radiaciones ionizantes. La incidencia de tumores en ese colectivo duplica a la de la población normal (el porcentaje de enfermedades de la sangre, como leucemia y linfomas, es 35 veces superior a la media nacional de cohortes de la misma edad), aparte de los casos de niños engendrados con deformaciones. Paulatinamente, los afectados se organizaron y reclamaron indemnizaciones al Estado.

Las autoridades galas (socialistas y conservadores, da lo mismo que lo mismo da) rechazaron las solicitudes aduciendo la falta de pruebas del vínculo causal entre la exposición a las radiaciones y los trastornos padecidos; además de afirmar que la lluvia radiactiva había sido insignificante. Las víctimas debieron embarcarse en largos procesos judiciales, para ver cómo, en caso de un fallo favorable, el representante estatal apelaba la sentencia. Nada tiene de sorprendente: este Estado ferviente partidario de la energía nuclear en sus distintas formas, siempre ha minimizado sus riesgos.

Desmanes similares cometieron otros miembros del 'club nuclear'. Gran Bretaña detonó sus bombas en el desierto australiano, implicando a 40.000 personas entre civiles y militares. Estados Unidos, aparte de volar atolones en el Pacífico, produjo vistosos hongos atómicos en Nevada, en cuyos cráteres las tropas eran obligadas a marchar con el fin de acostumbrarlas a combatir en entornos de guerra nuclear. Pero mientras Estados Unidos dispuso compensaciones para los 'veteranos atómicos', los gobiernos británicos se han resistido a conceder pensiones a los afectados o a sus viudas.

Volviendo a Francia, cabe decir que el giro gubernamental deja mucho que desear. Lo denuncia la asociación polinesia de víctimas Moruroa et Tatou: "Nuestras reclamaciones centrales —la adopción del principio de presunción de una conexión entre las enfermedades y los ensayos nucleares, y un sistema de compensaciones independiente del ministro de Defensa— han sido rechazadas".  Fuentes oficiales apuntan que los diez millones de euros previstos en la normativa apenas beneficiarán a unos centenares de franceses afectados (de los tuaregs del Sáhara la ley no dice nada).

Apuntábamos que a todos los Estados les cuesta admitir sus errores, y ahora añadimos que algunos, cuando se sinceran, lo hacen a regañadientes y del modo más mezquino.