El TSJC anula dos artículos del Plan Rector del Archipiélago Chinijo

Las Palmas de Gran Canaria.-  El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha declarado nulos dos artículos del Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Natural del Archipiélago Chinijo aprobado en 2006 a instancias de una propietaria de terrenos del islote de Alegranza, mediante una sentencia hecha pública hoy.

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(EFE)

Vista del archipiélago Chinijo, al norte de Lanzarote. EFE/Archivo

La sentencia, emitida por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo, estima un recurso interpuesto por la representación procesal de doña Dolores Moreno Santana contra dicha norma, "anulando los artículos 15 y 49, que limitan la propiedad del recurrente", según se detalla en su fallo.

Entre los fundamentos de derecho se explica que el recurso debe ser estimado en la medida en que el referido Plan Rector se restringen los derechos de los propietarios más allá de lo que correspondería a la catalogación de los suelos afectados y que tampoco se ha previsto, en todo caso, expropiarles y compensar sus pérdidas de derechos económicamente, como sería lo previsible.

"Las limitaciones al derecho de propiedad no pueden suponer una ablación total del mismo, la negación del derecho del propietario sólo puede hacerse por medio de expropiación e indemnización", se señala al respecto.

Se detalla que, en el Plan Rector, "los artículos 15 y 49 delimitan el régimen de uso y utilización del espacio comprendido dentro de la Zona de Usos Restringidos, de tal manera que no permite siquiera el paseo fuera de los senderos establecidos".

"El suelo -prosigue el texto- se categoriza como suelo rústico de protección natural de preservación con el régimen de usos contemplado en las disposiciones comunes. Pero de su lectura se extrae la conclusión de que sólo las autoridades y funcionarios de la Comunidad Autónoma con competencias ambientales tienen libre acceso al islote, y son los que pueden deambular por el mismo".

Y se añade: "las facultades que se conceden a los propietarios del islote de Alegranza se aparten notablemente de las previstas para el tipo del suelo que el planeamiento propone".

Además, repasando los límites constitucionales a la privación del derecho de propiedad, se concluye que "el régimen de intervención que se propone haría irreconocible el derecho de propiedad, por no reconocer ninguna facultad de utilización personal ni comercial o económica al propietario".

"Ciertamente, no sería constitucional una expropiación que, afectando parcialmente a algunas de las facultades del propietario reconocidas por la Ley, privase en realidad de todo contenido útil al dominio sin una indemnización adecuada a esta privación total del derecho, que puede, desde luego, medirse desde el punto de vista del aprovechamiento económico o rentabilidad de la propiedad o de las facultades que el propietario conserve tras la operación expropiatoria", se añade en el texto.