Micheletti nombra otro canciller con la misión de romper el cerco diplomático

Tegucigalpa.-  El nuevo presidente de Honduras, Roberto Micheletti, designó hoy como canciller a Carlos López, quien tendrá la misión de romper el cerco diplomático contra su Gobierno y conducir el diálogo con el mandatario depuesto, Manuel Zelaya.

Micheletti dio un giro de timón a su estrategia internacional, al reemplazar a Enrique Ortez, quien cobró notoriedad por unos comentarios sobre el presidente Barack Obama que molestaron a EE.UU., un experto en derecho internacional de lenguaje moderado.

Al anunciar el cambio, Micheletti expresó su "admiración" y "respeto" por la "trayectoria de internacionalista" de su nuevo ministro de Exteriores, quien tras jurar al cargo dijo que una de sus primeras tareas será "gestionar la continuación de las relaciones diplomáticas con todos los países amigos".

López calificó de "precipitada" la decisión adoptada por la Organización de Estados Americanos (OEA) de suspender a Honduras por no restituir a Zelaya, medida que se sumó a la retirada o llamada a consultas de embajadores de varios países.

"Los países miembros de la OEA son entidades soberanas que en el ejercicio de sus competencias soberanas pueden perfectamente mantener la relación diplomática con Honduras de Estado a Estado, independientemente de cómo han votado en la OEA", afirmó.

El organismo interamericano suspendió la participación de Honduras el pasado 5 de julio debido al derrocamiento de Zelaya por parte de militares, el 28 de junio, y a su reemplazo por Micheletti, quien fue designado por el Congreso.

El nuevo titular de Exteriores aseguró, además, que coordinará las acciones de la delegación que representa al Gobierno de Micheletti en el diálogo que mantienen en San José con los representantes de Zelaya, con el auspicio del presidente costarricense, Óscar Arias, Premio Nobel de la Paz.

Micheletti adelantó que "posiblemente" el próximo sábado las delegaciones serán convocadas a Costa Rica, para continuar el diálogo en busca de una salida a la crisis política de Honduras.

"Estamos listos en el momento que el presidente Arias nos convoque a una reunión para continuar el diálogo", agregó.

Sobre esas conversaciones, Silvia Ayala, diputada del partido Unificación Democrática (UD, izquierda) e integrante de la delegación de Zelaya, declaró a la prensa que los representantes de Micheletti "sólo quieren ganar tiempo".

"Ellos demostraron en todo momento intransigencia y sólo fueron con el afán de legitimar su Gobierno", sostuvo.

En respuesta, la vicecanciller hondureña, Marta Lorena Alvarado, descartó que se busque dilatar la situación e indicó que la agenda la determina Arias.

"Además de este gesto de buena voluntad, él tiene que ver por muchos problemas de su país. No creo yo que él vaya a actuar tratando de beneficiar a un lado o a otro", afirmó.

Y mientras Micheletti busca recomponer las relaciones con otros países, los hondureños intentan volver a una relativa normalidad tras la suspensión del toque de queda que rigió durante dos semanas.

"Decidimos hacer un compás, porque sabíamos que se estaba afectando a algunos ciudadanos que tienen negocios", explicó Micheletti.

Al menos 1.286 personas fueron detenidas temporalmente en el país durante el toque de queda que duró dos semanas, dijo a Efe el portavoz de la Policía Nacional, Héctor Mejía, e indicó que estuvieron recluidas "sólo durante la noche y quedaban libres en la mañana".

Mejía aseguró que durante la vigencia de la medida se redujo en 56 por ciento la incidencia de homicidios, lesionados, actividades del crimen organizado y delincuencia común.

La Unión Cívica Democrática, que integran políticos de oposición a Zelaya, empresarios, profesionales y religiosos, entre otros, exigió hoy que se investiguen supuestos delitos económicos millonarios de la administración del depuesto presidente.

En una carta entregada al fiscal general del Estado, Luis Rubí, la UCD pidió la "identificación, detención, juzgamiento y castigo" de los presuntos delincuentes "conforme al debido proceso".

Zelaya, que fue obligado a salir del país el mismo 28 de junio, ha sido acusado de varios delitos relacionados con la convocatoria de una consulta popular con vistas a un cambio constitucional a pesar de haber sido declarada ilegal por el poder judicial y el legislativo.