Madrid.- El Gobierno dio luz verde hoy a un informe sobre el anteproyecto de ley que regulará la captación de capital privado para la financiación de infraestructuras públicas y que exigirá a los concesionarios que aporten al menos un 10 por ciento de la inversión que se vaya a realizar.
La vicepresidenta primera del gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, durante la rueda de prensa que ofreció este mediodía, tras la reunión del Consejo de Ministros.
La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, explicó durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, que el propósito de la futura normativa es "dinamizar la actividad económica" y promover la inversión del sector privado ante la crisis.
Apuntó que se trata de una ley "imprescindible" para canalizar la financiación privada en proyectos de obra pública "en un período de lógica austeridad presupuestaria".
Así, el anteproyecto de ley de captación de financiación en los mercados por los concesionarios de obras públicas que estudia el Gobierno tiene como objetivo establecer un marco normativo que facilite la canalización de capital privado para la financiación de las estructuras públicas, a través de contratos de concesión de obra pública y de contratos de colaboración público-privada.
De la Vega apuntó que se trata de "reforzar" el compromiso de las empresas que trabajen con el Estado y hacer "más sólidos" los contratos de colaboración entre el sector público y privado.
Por ello, la nueva normativa establece un nivel mínimo de solvencia financiera para poder optar a un contrato de concesión y exigirá a las concesionarias una mayor participación de fondos propios en la financiación de un proyecto, con la aportación de al menos un 10% de la inversión total.
Además, limitará al 80% de las inversiones previstas en la concesión el importe de la deuda susceptible de titulizarse o hipotecarse.
La nueva normativa también facilitará nuevos canales de financiación y ofrece la posibilidad de obtener avales públicos como garantía para cualquier fórmula de endeudamiento con la que las empresas privadas pretendan financiar una obra pública, algo que hasta el momento la ley sólo reservaba a las emisiones de obligaciones.
También se eliminan los obstáculos a la amortización anticipada de los créditos participativos.
Asimismo, el anteproyecto hará posible que sociedades mixtas que ya tengan adjudicado un proyecto público puedan incorporar un socio que aporte capital privado adicional y tecnología, a través de un procedimiento transparente de selección.
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