El PP dice que la crisis no puede llevar por delante valores fundamentales como la solidaridad

Oviedo.-  El presidente del Partido Popular en Asturias, Ovidio Sánchez, ha advertido hoy que las crisis "se llevan por delante muchas cosas" y "valores fundamentales que tiene una sociedad" y ha señalado que, en este caso, "no se puede llevar por delante la solidaridad".

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(EFE)

El presidente del PP de Asturias, Ovidio Sánchez, durante una rueda de prensa. EFE/Archivo

Así lo ha indicado en rueda de prensa tras mantener un encuentro en la sede de Cáritas en Oviedo con los principales responsables de esta entidad en Asturias, quienes le han dado su visión de cómo está afectando la crisis al Principado, así como del "gran trabajo" que hacen en más de 150 parroquias en la región "ayudando a los más desfavorecidos de esta sociedad".

Según ha dicho Sánchez, "hay una parte de la crisis que no está en las estadísticas, las personas, sus problemas familiares, sociales, sus hijos, el acceso y la obligatoriedad que tienen muchas veces de acudir a estos centros donde encuentran cobijo, ayuda y muchas veces solución a los problemas que están padeciendo".

Por estas razones, "hay que evitar la exclusión y tomar las medidas necesarias previas para que la gente no quede excluida porque después es muy difícil la intervención", por lo que en su opinión es importante "que la Administración pueda colaborar para evitar o aminorar, en primer lugar la exclusión social, y después tomar medidas inmediatas para poder ayudar a la gente a salir de ella".

En este sentido, Sánchez ha recordado que en Asturias hay 130.000 personas en el límite de la pobreza, 23.000 que no perciben ningún ingreso, "ni paro, ni salario social, ni nada"; y entre estas hay más de 2.000 que son inmigrantes y ha advertido de que "este escenario, en plena crisis, puede caminar hacia cifras mucho más importantes".

Por estas razones se ha "comprometido", de forma permanente y cerca de estas instituciones "que son las que mejor conocen la auténtica realidad de una sociedad en crisis", a tratar de que la misma "además de económica" no se convierta en una "crisis de valores".

La diputada regional del PP Inmaculada González ha explicado que lamenta que las carencias que se detectan desde las ONGs con las que los parlamentarios de su partido mantienen contactos de forma habitual "no sean compartidas por los dos grupos que sustentan el Gobierno".

En este sentido, ha recordado el plan de choque integral que el PP presentó en la Junta General del Principado el pasado mes de abril y que fue votado en contra por lo demás grupos.

Ha asegurado que su intención era dar cobertura a una de las grandes demandas que hacen Cáritas y otras ONGs para intentar evitar que haya personas que puedan quedar excluidas debido a la situación de crisis.

Este plan pretendía "que se dieran más vales de emergencia para las familias para cosas tan puntuales y tan elementales como pagar la luz, pagar los libros de texto y hacer la cesta de la compra".

Además se pedían también vales de alimentos, porque "no es de recibo, en una sociedad como la nuestra, que una familia de padres jóvenes tenga que ir con sus dos o tres hijos a comer a un comedor social".

En su opinión, "es mucho más razonable, solidario y beneficioso socialmente que se les faciliten unos vales de bonos de alimentos para que la gente haga la compra y coma en su casa, como habitualmente, con el fin de desestructurar lo menos posible por la situación de crisis que se está generando".

González ha vaticinado que las solicitudes para el cobro del salario social básico "se van a multiplicar", "casi por dos", y ha recordado que las prestaciones del año pasado fueron más de tres mil y se beneficiaron de ellas más de catorce mil personas.

Pero a su juicio, y "viendo la situación de crisis que se ha ido generando, en el momento en el que muchos de los parados dejen de cobrar el paro van a intentar el acceso al salario social" por lo que ha advertido que el PP estará "muy pendiente de que la tramitación de las solicitudes no se dilate en el tiempo más allá de los tres meses que contempla la ley".

En este sentido, ha indicado que el año pasado la demora alcanzaba casi los ocho meses por lo que ha dicho que no se puede caer en el error "de que el que hace la ley hace la trampa" y dilatar la tramitación "para que el dinero llegue hasta fin de año".