Tegucigalpa.- El Comisionado de los Derechos Humanos y el ministro de Defensa de Honduras, Ramón Custodio y Adolfo Sevilla, confirmaron hoy que son dos de los cuatro funcionarios a quienes Estados Unidos suspendió los visados diplomáticos como respuesta al golpe de Estado contra Manuel Zelaya.
Custodio consideró que la suspensión de su visado diplomático "es una ofensa para el pueblo hondureño". EFE/Archivo
"No me queda más que confirmarlo", dijo Custodio a la prensa, y refirió que el pasado viernes recibió una notificación telefónica sobre la suspensión y ayer, a petición suya, la embajada estadounidense en Tegucigalpa la ratificó por escrito.
Sevilla también indicó a periodistas que recibió la notificación de la embajada, y le restó importancia a la medida al subrayar que es "feliz viajando internamente en mi país".
"Aceptamos cualquier decisión de éstas", expresó el funcionario, quien fue viceministro de Defensa en el Gobierno de Zelaya, cuyo sustituto designado por el Parlamento, Roberto Micheletti, le ascendió a ministro; los tres son del gobernante Partido Liberal.
El Gobierno de Estados Unidos anunció ayer que suspendió los visados diplomáticos a cuatro funcionarios hondureños.
Los otros dos afectados son el magistrado Tomás Arita, quien ordenó a los militares la detención de Zelaya el día de su derrocamiento, el 28 de junio pasado, y el jefe del Parlamento, Alfredo Saavedra.
Custodio consideró que la suspensión de su visado diplomático "es una ofensa para el pueblo hondureño", porque "represento a mi pueblo, no a ningún Gobierno", e indicó que, por voluntad propia, tampoco utilizará el visado de turista para viajar a Estados Unidos.
"No soy narcotraficante, no soy corrupto ni demagogo de izquierda o de derecha", añadió, y comentó que si tuviera que ir a recibir tratamiento médico en Estados Unidos prefiere "morir dignamente" en su país.
El defensor del pueblo ha sido un fuerte crítico de la corrupción y violación de las leyes en la gestión de Zelaya, sobre todo en sus últimos meses, y defiende la posición del Gobierno de Micheletti en relación a que el derrocamiento de aquel y su sustitución se hicieron con apego a la Constitución hondureña.
El pasado 28 de junio, Zelaya fue detenido y expulsado de su país por militares y luego destituido por el Congreso, que nombró presidente a Roberto Micheletti.
El Gobierno de Micheletti sostiene que los militares actuaron por un mandato judicial contra Zelaya por varios delitos cometidos en relación con una consulta, que se iba a celebrar ese día, para promover una Asamblea Constituyente, pero que fue declarada ilegal por varios órganos del Estado y fue frustrada por su derrocamiento.
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