Guatemala.- El Congreso de Guatemala aprobó dos leyes solicitadas por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), que permitirán la protección de jueces y fiscales y la desarticulación de bandas del crimen organizado.
La normativa, solicitada por la CICIG, que preside el jurista español Carlos Castresana, permitirá que casos de alto impacto que se tramitan en provincias se puedan conocer en tribunales de la capital. EFE/Archivo
En una sesión que se inició ayer y que continúa hoy, el Parlamento aprobó la Ley de Competencia Penal en Procesos de Mayor Riesgo, con un total de 144 votos a favor de los 158 diputados que tiene el Organismo Legislativo.
La normativa, solicitada por la CICIG, que preside el jurista español Carlos Castresana, permitirá que casos de alto impacto que se tramitan en provincias se puedan conocer en tribunales de la capital.
La Ley permitirá una mejor protección de jueces, fiscales y testigos que sufran de amenazas y persecución, y da una mayor independencia a los que imparten la justicia en este país.
El Parlamento también aprobó, con 143 votos a favor, las reformas a la Ley contra la Delincuencia Organizada, solicitadas por Castresana, con el fin de regular el procedimiento para la colaboración eficaz de testigos.
Esta normativa tiene como fin la desarticulación de las bandas del crimen organizado con información de sus miembros que estén detenidos y que deseen colaborar con la investigación.
La Ley contempla la rebaja de penas en dos terceras partes a los cabecillas de las bandas organizadas y la libertad condicionada a mandos medios si la colaboración para su desmantelamiento resulta efectiva.
El Congreso continúa hoy con la sesión iniciada ayer con el fin de aprobar, por artículos y en su redacción final, la emisión de bonos del tesoro por unos 3.000 millones de quetzales (unos 364 millones de dólares), solicitadas por el Ejecutivo.
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