Madrid.- El Tribunal Constitucional (TC) ha declarado inconstitucionales la disposición adicional segunda y el anexo I de la ley del Parlamento vasco de segunda modificación de la ley reguladora del Plan General de Carreteras del País Vasco, de octubre de 2002.
Normalidad en el peaje de A-68 a la altura de la localidad vizcaína de Arrigorriaga, durante el regreso del puente de la Constitución.
El Gobierno impugnó esta norma, que incluye dos autopistas que forman parte de la Red de Interés General del Estado, al entender que vulnera las competencias del Estado para definir y gestionar las denominadas carreteras de interés general.
Los preceptos impugnados incluyen en la red de carreteras del País Vasco las autopistas A-1 (en su tramo entre el límite de Álava y Armiñón, de 5,5 kilómetros) y A-68, que figuran en la Red de Carreteras del Estado.
El TC declara inconstitucional y nulo el inciso "a efectos única y exclusivamente funcionales" del tramo mencionado de la A-1 de la disposición adicional segunda, así como la inclusión en el anexo I de esta autopista en ese mismo tramo y de la A-68, con comienzo en el enlace A-8 (Solución Sur) y fin en el límite de La Rioja.
El Gobierno central señaló que la normativa autonómica extendía sus efectos a carreteras de titularidad estatal y conculcaba las competencias que corresponden a la Administración General del Estado.
La parte vasca adujo que las previsiones de la norma carecían de contenido normativo y que obedecían a la necesaria colaboración interadministrativa.
La sentencia señala la "clara" vulneración de la competencia estatal sobre ambos tramos de autopista, que forman parte de la Red de Carreteras del Estado, por lo que no pueden ser incluidas en la red vasca.
Opina que la colaboración entre las autonomías y el Estado requiere del mutuo respeto de las respectivas competencias, "que son irrenunciables", en el marco de la Constitución y los Estatutos de autonomía.
Agrega que la necesidad de cooperar no habilita a la institución autonómica a modular e interpretar una competencia estatal y que el legislador autonómico se ha excedido.
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