Madrid.- Los sindicatos de Policía SUP y CEP han exigido hoy al Gobierno que investigue el trato a los cinco detenidos en la "operación Espada", en la que se investiga un presunto caso de corrupción relacionado con el velódromo Palma Arena (Palma de Mallorca), por haberles trasladado esposados ante el juez.
El concejal del PP en el Ayuntamiento de Palma Rafael Durán (d) y el director de la empresa Nimbus Comunicación, Rafael Romero, esposados de camino a los juzgados de la capital mallorquina el pasado sábado en relación con la "operación Espada".
El Sindicato Unificado de Policía y la Confederación Española de Policía han emitido sendos comunicados para denunciar la "humillación innecesaria" a estos detenidos por haber sido expuestos esposados ante los medios de comunicación, y la vulneración de sus derechos al honor, la intimidad o la presunción de inocencia.
"Han sido expuestos como animales de un zoológico", lamenta el SUP al reclamar que se depuren las correspondientes responsabilidades por la forma en que se hizo el traslado de estos cinco detenidos, entre los que destacan el portavoz del PP en el ayuntamiento de Palma de Mallorca, Rafael Durán, y el ex regatista olímpico Pepote Ballester.
Para el SUP, el "responsable" de estas actuaciones, "más propias de un país tercermundista", no es sólo el Gobierno sino también "el juez, fiscal, responsable político o mando policial que dispuso el traslado de los detenidos", "con independencia de que después uno o todos resulten responsables".
El CEP por su parte apunta "a los rectores del operativo policial y a la cúpula de la Jefatura Superior de Baleares" como responsables de esa actuación que consideran "incumple de forma evidente" una instrucción de la Secretaría de Estado de Seguridad, que regula "los comportamientos exigibles a las Fuerzas de Seguridad del Estado para garantizar los derechos de las personas detenidas".
"Es un hecho grave que debería investigar la propia Secretaría de Estado de Seguridad, a través de su Inspección de Personal y Servicios de Seguridad", observa el CEP, al precisar que lo ocurrido no es "achacable a los policías nacionales que participaron en la conducción, sino a los responsables de las diligencias policiales y de la Jefatura Superior de Baleares".
En cuanto al agotamiento del plazo máximo de 72 horas de detención en sede policial por parte de los arrestados en esta operación, la CEP explica también que eso fue "consecuencia de una petición del Ministerio Fiscal y no de la Policía".
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