Denuncias de soborno a un juez complican el caso de Chevron-Texaco en Ecuador

Quito.-  La denuncia de un presunto soborno difundida por la petrolera estadounidense Chevron-Texaco, en el que estarían implicados los demandantes, el Gobierno y un juez ecuatorianos, complican hoy el largo y multimillonario proceso que se lleva a cabo en Ecuador contra la empresa.

En el caso, que permanece abierto en Ecuador desde 2003, después de haberse iniciado en 1993 en una corte de Nueva York, la petrolera se enfrenta a una demanda de 27.000 millones de dólares por los supuestos daños ambientales causados en la Amazonía y a sus pobladores por las actividades de extracción de crudo entre 1972 y 1995.

La corte de Nueva York dictaminó que el proceso, en el que los demandantes vincularon también los vertidos de la petrolera con un aumento de los casos de cáncer entre la población de la zona, fuera trasladado a un juzgado de Sucumbíos, en el norte de Ecuador.

El proceso judicial que, según el juez Juan Núñez, que lo lleva, se espera concluya en noviembre o diciembre de este año, pretende aclarar si Texaco provocó esos daños y no realizó la remediación del ambiente, algo que la petrolera atribuye a la estatal Petroecuador, según un convenio que firmaron para la reparación de la zona de explotación.

Chevron, que compró Texaco en 2000, denunció ayer que en el juicio que se sigue en Ecuador hay un "complot de soborno" entre el Gobierno del país y el juez del caso, para lo que entregó "a las autoridades ecuatorianas y estadounidenses" documentación y unos vídeos, que supuestamente lo recogen.

De acuerdo con la petrolera, en esa documentación se observa que "individuos que se identifican como representantes del Gobierno y del partido político oficialista", Alianza País, acuerdan con el juez Núñez que emita un fallo contra Chevron y repartirse tres millones de dólares de la multa.

Los vídeos, grabados en mayo y junio, según la petrolera, muestran reuniones entre el juez, tres supuestos representantes del Gobierno y dos empresarios, el ecuatoriano Diego Borja y el estadounidense Wayne Hansen, quienes tratan de adjudicarse los contratos para la purificación del agua, que se derivarían de una eventual multa a Chevron.

De acuerdo con la versión de Chevron, el Gobierno ecuatoriano administraría los fondos relacionados con los contratos de remediación de la zona afectada, mientras los empresarios y los representantes del Ejecutivo hablan de dar un millón de dólares al juez, otro a la "presidencia" y otro a los demandantes, aunque en esta conversación no está presente el juez.

Núñez negó hoy, en una entrevista al diario El Universo, que se haya "hablado jamás" ni que él haya escuchado "nada de eso" del "monto de 3 millones de dólares, jamás", y rechazó haber recibido presiones de agentes externos al proceso.

También hoy, el ministro ecuatoriano de Seguridad Interna y Externa, Miguel Carvajal, se refirió al tema, negó que en los vídeos se viera a representantes o conocidos del juez o del Gobierno y señaló que será la Fiscalía quien tendrá que analizar la grabación.

Además, agregó que no le "sorprendería que sea una de las argucias más de Chevron" en este proceso que llevan "los campesinos ecuatorianos afectados por la contaminación" relacionada con el "pésimo e irresponsable manejo ambiental que hizo Texaco hace muchos años en Ecuador".

También el Frente de Defensa de la Amazonía, que representa a los demandantes, planteaba la posibilidad de que la propia empresa haya inducido la trama de soborno para resultar beneficiada en el juicio, según su portavoz, Karen Hinton, que pidió una investigación oficial.

A través del secretario jurídico de la Presidencia, Alexis Mera, el Gobierno ecuatoriano rechazaba las denuncias de la petrolera porque "se pretende insinuar que el Gobierno ha intentado influenciar" la decisión del juez Juan Núñez.

"La empresa intenta desviar el debido proceso", señaló Mera en un comunicado oficial, además de acusar a Chevron de beneficiarse "de un delito, que es interceptar conversaciones sin autorización, con el fin de perjudicar la imagen del país".

Esa campaña de Chevron, según Mera, respondería a "la eventualidad de una decisión adversa" a sus intereses, y advirtió a la petrolera de que "deberá responder ante la Justicia ecuatoriana" por esas acusaciones.

"Llega a los niveles de injuria calumniosa que se pretenda sostener que se hayan dado instrucciones al juez de cómo canalizar el dinero de la condena", añade.

Charles James, vicepresidente ejecutivo de Chevron, anunció que pedirán que se descalifique al juez Núñez, que se anulen sus casos anteriores y que se abra una "investigación exhaustiva" del asunto.

Para el ministro Carvajal, "la preocupación en este caso de Chevron es que enseguida se comienza a deslegitimar a la Justicia ecuatoriana. Ese es el argumento: que la Justicia ecuatoriana no brinda garantías".