MADRID.- El Ministro de Justicia, Francisco Caamaño, se mostró hoy partidario de reforzar la autoridad del profesor y de que sea "un elemento prestigiado dentro del sistema educativo", pero aclaró que "sería bueno que las medidas que se tomen al respecto, como las aplicadas por la Generalitat de Cataluña o la Comunidad de Madrid, se concierten con el resto de las comunidades autónomas y con el Estado".
El ministro de Justicia, Francisco Caamaño
"Hay que recordar que la Fiscalía General del Estado dispone, desde hace tiempo, de una circular que considera al profesor autoridad pública a efectos de los atentados o delitos que se puedan cometer hacia su persona", apuntó el ministro en declaraciones a Telecinco recogidas por Europa Press. Así, señaló que la 'autoritas' del profesorado "tiene que hacerse valer en el aula por su calidad pedagógica y por su capacidad de transmitir conocimientos a los alumnos".
Por otra parte, en lo referente a la edad penal del menor, Caamaño afirmó que "no es necesario modificar la ley actual, dado que el Estado ya dispone de una legislación muy potente en ese aspecto desde 2007". "Creemos que existen otras alternativas mejores y más aconsejables que la cárcel para los niños que cometen delitos", subrayó.
En este sentido, abogó por la aplicación de mecanismos de integración social y de seguimiento social y pedagógico de los menores de edad. "En temas como éste las Cortes no deben legislar a golpe de impulso popular, sino desde la reflexión, el análisis y el estudio de lo que ocurre en nuestro entorno y, a partir de ahí, fijar medidas a medio y largo plazo, no coyunturales", añadió.
Finalmente, preguntado sobre la reforma de la ley del aborto y la posibilidad de que las menores puedan interrumpir su embarazo sin consentimiento paterno, el titular de Justicia recordó que "ésa es la edad que contemplan muchos estados democráticos del entorno de la UE" y alertó del "peligro" que supone que las jóvenes acudan a "circuitos paralelos" para abortar si no disponen de la autorización paterna requerida.
"Si en vez de dirigirse al sistema público de salud, escogen lugares sin garantías, podrán en riesgo sus vidas", advirtió. En esta línea, Caamaño destacó que la confianza entre los padres y los hijos "no está regulada por ninguna ley" y que, en caso de que una norma intente cortar esa relación, "las jóvenes podrán optar por dirigirse a lugares indeseables".
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