Micheletti abre la puerta a la derogación del decreto que suspende las garantías constitucionales

Tegucigalpa.-  El presidente de facto de Honduras, Roberto Micheletti, abrió hoy la puerta, a petición del Parlamento, a la derogación de un decreto que desde este fin de semana mantiene suspendidas varias garantías constitucionales y que amparó la clausura de dos medios de comunicación.

"Voy a consultar con la Corte Suprema de Justicia, con el Tribunal Supremo Electoral, incluso, si hay posibilidad de hablar con los candidatos presidenciales (...) y así tomar la decisión más conveniente a los intereses de nuestra patria que (...) será derogar ese decreto en el momento más oportuno", dijo Micheletti.

"En el término de esta semana estaremos dándole solución a esto", agregó Micheletti, tras reunirse con el presidente del Parlamento, José Alfredo Saavedra, y otros diputados que le pidieron derogar el decreto.

El presidente de facto aseguró que aceptaba la propuesta del Parlamento para favorecer el diálogo sobre la crisis política que vive el país.

El Gobierno de facto publicó el sábado un decreto por el cual suspende durante 45 días las libertades de circulación y expresión, y prohíbe las reuniones públicas, entre otras medidas.

Según Micheletti, el decreto se emitió por la llamada a la "insurrección" del depuesto presidente, Manuel Zelaya, quien está desde hace una semana en la Embajada de Brasil en Tegucigalpa.

Micheletti recordó que el decreto se deberá derogar en un Consejo de Ministros, de la misma forma en la que fue aprobado.

Saavedra indicó que los diputados hicieron "una solicitud respetuosa (...) en el sentido de analizar la posibilidad de dejar sin valor y efecto el decreto ejecutivo al que se ha hecho mención desde el día de ayer y de hoy".

Amparado por el decreto, publicado en la gaceta oficial el sábado y difundido el domingo, el Gobierno de Micheletti clausuró hoy dos medios de comunicación, Radio Globo y Canal 36, e impidió marchar a los seguidores de Zelaya en Tegucigalpa y otros puntos del país, en la jornada en que se cumplen tres meses del golpe de Estado.

El decreto fue rechazado también por líderes políticos de oposición y seguidores de Zelaya.

"No apoyaríamos nada, ni respaldaríamos nada que restrinja la libertad de expresión ni que restrinja tampoco las garantías individuales", expresó a periodistas el candidato presidencial del Partido Nacional, Porfirio Lobo, antes de que el titular del Congreso solicitara la derogación del decreto a Micheletti.

Lobo subrayó que "en principio" está "totalmente en contra de atentar contra la libertad de expresión y contra las garantías individuales" de los hondureños, y también criticó el cierre de Radio Globo y Canal 36.

El candidato del Partido Innovación y Unidad-Social Demócrata, Bernard Martínez, indicó a Efe que la restricción de "algunas garantías era necesaria por la situación de violencia que está viviendo el país".

No obstante, añadió que a los dos medios clausurados "al menos se les debió notificar, alertar a sus propietarios, lo malo es que haya sido en forma violenta".

El Frente Nacional de Resistencia contra el golpe de Estado que exige la restitución de Zelaya repudió y condenó el cierre de los dos medios de comunicación, que transmitían en directo las actividades del derrocado presidente desde la Embajada de Brasil.

Zelaya, depuesto el 28 de junio pasado, llegó por sorpresa el pasado lunes a la sede diplomática brasileña, que sigue rodeada por centenares de policías y militares.

Juan Barahona, uno de los coordinadores de la resistencia popular, dijo a Efe que con el decreto que restringe las garantías ciudadanas, "Micheletti pretende quedarse en el poder".

Tras rechazar ayer la llegada de una avanzada del organismo hemisférico, el Gobierno de facto invitó hoy a una comisión de cancilleres de la región y a los funcionarios de la Organización de Estados Americanos (OEA) "que deseen acompañarlos" a visitar el país el próximo 7 de octubre.

Por su parte, el Consejo Permanente de la OEA no alcanzó hoy un acuerdo de declaración sobre la situación en Honduras por un artículo sobre la legitimidad del gobierno que surja de las elecciones de noviembre, si se producen sin que el depuesto presidente Manuel Zelaya sea restituido.